El acuerdo entre el PNV y Rajoy beneficiará a 300.000 pensionistas asturianos

La noticia la anticipó ayer el portavoz parlamentario del grupo vasco, Aitor Esteban, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendiera desde la tribuna del Congreso su propuesta. El PNV ya había dado muestras de que su negativa a negociar podía saltar por los aires cuando anunció la semana pasada que no presentaría una enmienda de devolución, como sí hicieron PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. Pero la confirmación de que el presidente del partido, Andoni Ortuzar, había celebrado un encuentro con Mariano Rajoy ayer para desencallar la situación terminó de confirmarlo.

El acuerdo alcanzado entre ambos implica una actualización de las pensiones vinculada al Índice de Precios de Consumo tanto en 2018 (un 1,6%) como en 2019. E igualmente contempla que la base reguladora de las pensiones de viudedad suba al 56% en 2018 (se preveía el 54%) y al 60 % el próximo. Además, se mantendrá la subida de entre el 1% y el 3% de las pensiones mínimas y no contributivas. El Ejecutivo también ha accedido a retrasar hasta el 2023 la entrada en vigor del nuevo factor de sostenibilidad del sistema que se iba a poner en marcha en enero del 2019 y que implicaba un recorte de las nuevas prestaciones.

Son decisiones de enorme calado. Hasta ahora, pese a las manifestaciones multitudinarias en las calles y la presión de la oposición, el Gobierno argumentaba que referenciar las pensiones al IPC implicaría un gasto de más de 1.600 millones de euros, una suma imposible de encajar. Aún queda conocer de dónde saldrá ese dinero, pero nadie se atrevió a poner ayer un pero al pacto.

Políticamente, la maniobra es beneficiosa para ambas partes. Rajoy se ha allanado el camino para agotar la legislatura, aunque a lo largo de este mes tendrá que seguir negociando el apoyo a los Presupuestos en la votación final del 24 de mayo (la de mañana es solo el rechazo a las enmiendas a la totalidad). Además, ha neutralizado en cierto modo a Ciudadanos, que no podrá rentabilizar la jugosa cesión. «Este acuerdo demuestra que nunca se negociaron ni la política penitenciaria ni la ruptura de la caja única de la Seguridad Social», blandieron fuentes de la Moncloa en respuesta a las últimas amenazas de Albert Rivera.

El PNV, por su parte, gana tiempo para justificar su apoyo a unas cuentas que dan continuidad a los compromisos pendientes del acuerdo presupuestario de 2017 (entre ellos, el que afecta a la llegada del Tren de Alta Velocidad en 2023), que aumentan en un 32% la inversión territorializada prevista para el País Vasco en el 2018 y que incorporan la polémica mejora del Cupo. Lo hace, además, de un modo difícil de recriminar por parte de sus adversarios porque la de las pensiones es una causa nacional que en Euskadi había prendido con especial fuerza. Ahora queda esperar a la evolución de la crisis catalana. De aquí al 22 de mayo se sabrá si hay o no Gobierno en Cataluña y si, por tanto, las medidas del 155 se mantienen o se levantan. Esto último permitiría a los nacionalistas dar el 'sí' definitivo a los presupuestos sin más requiebros dialécticos.