La Abogacía del Estado advirtió contra los cambios legales que permitieron financiar las obras

Dicha modificación contemplaba la supresión de ese límite para aquellos proyectos considerados «singulares», una calificación que le otorgaba la mesa regional de minería conformada por el propio Villa; Graciano Torre, entonces consejero de Industria; Maximino García, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO; y Gabriel Pérez Villalta, presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom). La Abogacía del Estado indicó en ese primer informe que «pese a ser posible ignorar el límite del 1%, lo lógico es que se limite la facultad de esta mesa impidiendo un límite máximo al ejercicio de esa facultad». De lo contrario, puntualizaba este órgano, «podrían verse afectados otros proyectos o la virtualidad de la ayuda».

Sin embargo, nunca se llegó a limitar el poder de la mesa regional a pesar de que la Junta de Castilla y León también emitió una serie de observaciones en este sentido. De hecho, la Gerencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) expuso que «no parece oportuno incorporar dichas observaciones, pues el objetivo de la modificación del decreto es incorporar como beneficiarias de las ayudas a las sociedades mercantiles, pero manteniendo el carácter excepcional y la unanimidad de la mesa».

El cambio normativo salió adelante y fue a través de él, sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como se llegó a «dar encaje y materializar la subvención pública», que financió el 100% de las obras, y como se llegaría a articular «el presunto trato de favor dispensado al Montepío», presidido entonces por José Antonio Postigo. De hecho, la mesa regional de minería ya había acordado en una reunión de julio de 2008, antes de que se modificara el decreto, una primera distribución de los fondos correspondientes al bienio 2008-2009, que ascendían a 202,02 millones de euros, de los que 28,86 millones irían para el proyecto del complejo residencial de mayores de la Minería. De haberse acotado el poder de la mesa regional, sostiene la UCO, «el acuerdo de la mesa regional y el proyecto del Montepío se habrían visto gravemente comprometidos, ya que las ayudas públicas tenían que alcanzar la financiación plena de la obra», pues la mutualidad minera «no contaba con fondos propios para acometer el proyecto».

A la hora de firmar el convenio de colaboración específico entre el IRMC, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y el Montepío era necesario acreditar la unanimidad de la mesa para aprobar el proyecto residencial y así lo reclamó la Abogacía del Estado. Sin embargo, en el acta de aquella reunión no figuraba dicho consenso. Por ello, Carlos Fernández, gerente del IRMC, emitió un certificado para asegurar la unanimidad de la mesa y, finalmente, en octubre de 2009 la Abogacía del Estado emitió un informe «favorable» para sacar adelante la residencia de Felechosa.