Unos 5.000 autónomos asturianos afrontan la reclamación de las ayudas recibidas en pandemia

Resulta difícil cuantificar la cifra de afectados, pero desde UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) calculan que en el Principado rondarán los 5.000, ya que este apoyo económico se concedió al 65% de los 72.000 autónomos de entonces y, de ellos, el 10% está teniendo problemas. El grueso son empresarios hosteleros y comerciantes, pero también hay otros profesionales, como taxistas.

Todo ello se ve agravado por el tiempo que ha pasado y las circunstancias de cada caso, porque las reclamaciones están llegando además a personas que han muerto, y cuya justificación pasaría a ser obligación de los herederos; jubilados, propietarios de negocios que ya han cerrado o muchos que en estos años han cambiado de asesor, lo que dificulta de manera extrema buscar la documentación que se pide. Afectados asturianos censuran, asimismo, las trabas que están poniendo las mutuas, «que rechazan todo tipo de alegaciones y recursos».

Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la región, habla de «un goteo constante» de reclamaciones, que atribuye a que las mutuas revisan los expedientes al ritmo que pueden, pero también sospecha que se intenta «no generar de golpe una oleada generalizada de indignación». Sin embargo, las reclamaciones son constantes, lo que complica también su cuantificación. Cada caso es un mundo, pero las cifras que se piden reintegrar, de media, oscilan entre los 3.000 y los 4.500 euros. Oreña se queja, además, no solo del tiempo transcurrido, sino también de que, en aquel momento de confusión, «desde la Seguridad Social se animaba a todo el mundo a que solicitara las ayudas para no dejar a nadie atrás». Los trámites fueron breves y rápidos, pero ahora todo aquello se está volviendo en contra de muchos autónomos que están lejos de encontrarse en una situación boyante. Asimismo, recuerda toda la confusión que se generó e, incluso, la inseguridad jurídica en la que se trabajaba, cuando no se sabía en concreto qué negocios podían mantener su actividad o cuáles no y en qué condiciones, y cómo lo que se anunciaba un día se cambiaba al siguiente en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, apunta a que hubo «quien jugó a la ruleta rusa» y solicitó unas indemnizaciones por reducción de la facturación a sabiendas de que no cumplía los requisitos. «Esas ayudas estaban dirigidas a autónomos en situación delicada y vulnerable», insiste, «y se sabía que habría que justificarlas».

En cualquier caso, el golpe será importante para aquellos que tengan que reintegrar las ayudas, reconoce, por ello, organizaciones como UPTA y ATA han pactado con el Gobierno una ampliación del periodo permitido para la devolución, que podrá hacerse a plazos durante 60 meses –cinco años–.

Además Abad advierte de que estas reclamaciones no serán las últimas. El Tribunal de Cuentas también pedirá a las comunidades autónomas que sus ayudas pasen «por el filtro de la revisión» y el Principado tendrá que examinar las ayudas concedidas, pedir su justificación y, si procede, también reclamar devoluciones.