Once nuevos parques eólicos en Asturias están pendientes de la subasta de renovables

La subasta de energías renovables del próximo 17 de mayo supone una auténtica incertidumbre para Asturias. Ni el Gobierno del Principado ni la Fundación Asturiana de la Energía han querido pronunciarse sobre este asunto hasta conocer sus resultados. La mayoría de las compañías del sector, por su parte, guardan silencio mientras barajan sus cartas y analizan el campo de juego. Esta convocatoria podría activar once proyectos de parques eólicos situados en el occidente asturiano y que ya tienen avanzada su tramitación, con lo que estarían en disposición de comenzar a funcionar antes del 30 de diciembre de 2019, uno de los requisitos de la subasta. Más allá de esta posibilidad, sugerida por la Asociación Eólica del Principado de Asturias, pocos se atreven a aventurar las conclusiones y efectos de esta subasta, que primará la rentabilidad de las instalaciones de renovables, en una región cuya orografía es complicada, pero que tiene otras ventajas sobre otras comunidades, como una evacuación energética garantizada, la ausencia de un impuesto eólico -que sí tienen otras regiones limítrofes como Galicia- y una política regional que apuesta por este sector 'verde'.

España tiene el compromiso de alcanzar el 20% de energía renovable en 2020. Actualmente se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir ese objetivo (en 2014 alcanzó un 17,3% frente al 12,1% previsto, incluyendo los biocarburantes), situándose, además, por delante de la mayoría de países de su entorno (5,5% de Holanda, 7% de Reino Unido, 13,8% de Alemania o 14,3% de Francia). Para seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático, el Gobierno tiene previsto impulsar la introducción de nueva energía renovable en el sistema eléctrico. En ese escenario se sitúa la nueva convocatoria que otorgará derechos económicos para un máximo de dos mil megavatios (2.000 MW) de potencia instalada, «sin perjuicio -dice la resolución publicada en el BOE- de lo establecido en la cláusula confidencial que regula un procedimiento por el cual en determinados supuestos se podrá incrementar la potencia asignada prevista en esta subasta». En todo caso -matiza la propia resolución-, la potencia que finalmente se asigne no podrá superar la potencia máxima prevista en el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, que habla de 3.000 megavatios.

Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 megavatios. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada. Los nuevos proyectos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que se contemplan diversos hitos intermedios y un sistema de garantías y controles.

El Ejecutivo defiende un mecanismo de subasta competitiva y tecnológicamente neutral, donde las distintas tecnologías puedan competir en igualdad. De esta forma, en su opinión, se garantiza que se incorporen aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor, en línea con las directrices de la Comisión Europea. La industria española de las renovables saluda la convocatoria, a la que consideran una «oportunidad» después de años de parálisis, pero el modelo de subasta no parece satisfacer a casi nadie.

Las reglas de funcionamiento de la subasta han sido muy criticadas por numerosos actores del sector. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Y es que la asociación patronal del sector solar fotovoltaico considera que las reglas que ha establecido el Ministerio de Energía discriminan a la tecnología fotovoltaica en favor de la eólica (el sector eólico nacional está fuertemente liderado por las compañías eléctricas de la asociación Unesa: Iberdrola, Endesa, Fenosa, EdP y Viesgo). Al margen de esa decisión, la delegación de UNEF en Asturias calcula que en el caso de que se necesitasen fabricar estructuras metálicas para la instalación de los 2.000 megavatios de fotovoltaica, se podrían generar unos 960 nuevos empleos directos adicionales en las empresas de la región dedicadas a la fabricación de materiales, estructuras, transformación de metales e instalaciones. Su responsable, Javier Fernández Font, destaca «el liderazgo» industrial del Principado en este sector que en la actualidad da trabajo a 1.890 personas, entre empleos directos e indirectos. Los cálculos del empleo que podría generarse en la próxima subasta fue realizado por la Unef en 2016, basándose en los datos obtenidos a través de entrevistas con las empresas.

La responsable de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), Marta Álvarez-Linera, no se atreve a aventurar qué resultados tendrá la subasta en el Principado. «La expectación es total, pero que no haya cupos por tecnología no se ve con muy buenos ojos», dice, al tiempo que recuerda que existen once proyectos de parques en el Occidente que tienen la tramitación avanzada y podría comenzar a operar antes de 2020. Esta asociación, que nació en 2007, representa al 100% de las empresas promotoras de proyectos de generación eléctrica a partir de la energía eólica ya instalados, así como a las titulares de proyectos con autorización administrativa para su instalación en Asturias. La región cuenta en la actualidad con 21 parques en funcionamiento.

Inseguridad jurídica

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia «la precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable. Consideran que «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado, pues la 'rentabilidad razonable' no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil de los mismos. La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta».

A juicio de la APPA, que es la asociación de referencia del sector de las energías renovables en España y que preside José Miguel Villarig, el mecanismo de adjudicación «enfrenta» a tecnologías renovables buscando únicamente el menor coste frente a beneficios como la reducción de la dependencia energética, la seguridad de suministro o el desarrollo industrial. De esta forma, critican que el Ministerio de Energía «ignore» la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables y deje fuera a tecnologías necesarias, como la biomasa o la minihidráulica.

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