Cinco empleados de UGT rectifican ante la jueza y dicen que trabajaban en la gestión de los cursos

Cinco de los seis trabajadores y extrabajadores de UGT citados ayer para declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 como testigos en la causa abierta en relación con los cursos de formación del sindicato matizaron sus declaraciones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El pasado mes de noviembre, ante los investigadores, todos habían negado que desempeñaran algún tipo de tarea relacionada con estos cursos, pese a que un porcentaje notable de sus nóminas se abonaba con cargo a las subvenciones del Principado para la gestión de los mismos, algo de lo que ni siquiera estaban informados. Esta primera declaración motivó que meses después, el pasado mes de enero, se procediera a la detención de seis personas, entre ellas el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, ahora investigado en la causa por un presunto delito de fraude en las subvenciones. Ayer únicamente uno de estos testigos mantuvo su declaración y negó rotundamente haber desempeñado labor alguna «ni directa ni indirectamente» relacionada con la formación.

Los otros cinco señalaron que, aunque no eran formadores, realizaban labores indirectas para la gestión de estos cursos que, según los abogados de la defensa, justifican que parte de sus nóminas se financiaran con estas ayudas, dado que la ley de subvenciones y las propias convocatorias permiten reservar un porcentaje, de entre el 15 y el 20%, a «gastos asociados». «Salvo uno de los testigos que no tiene este extremo claro, todos han mantenido que tenían una relación indirecta, desde el punto de vista administrativo, con los cursos de formación. Motivo por el que se les imputaba en sus nóminas un porcentaje de la subvención», argumentó Francisco Alonso, abogado de UGT y de algunos de los investigados, entre ellos el propio Rodríguez Braga. «Hacían labores de propaganda y de administración. Dedicaban gran parte de su jornada laboral a la gestión de estos cursos», abundó Eliseo Mateos, abogado de Ifes.

Entre los seis testigos que declararon ayer, cuatro trabajadores y dos exempleados, figuran una antigua responsable del área de contabilidad, un miembro del comité de empresa, la exsecretaria de Justo Rodríguez Braga e, incluso, un trabajador que desarrollaba su labor en Siero. Entre hoy y el lunes está previsto que lo hagan otros diez, entre ellos el hijo de Justo Rodríguez Braga; la secretaria de Javier Fernández Lanero (actual secretario general) y empleados que ejercen su labor en el Nalón y en Oriente.

La versión de la acusación popular, a cargo de OCAN, es muy distinta a la que ofrecen los abogados de la defensa. El letrado Alberto Suárez considera que, si bien la mayor parte de los testigos modificaron las declaraciones que realizaron ante la OCU, las labores que «ahora» sí asumen no justificarían que «se abonara hasta el 75% de sus nóminas con cargo a las citadas subvenciones». Y esto, explica, porque «simplemente reconocen pequeñas funciones residuales, como derivar a sus interlocutores al personal de Ifes o recoger impresos. Eso no es suficiente para considerarlo un gasto asociado», apuntó.

El propio fiscal, Gabriel Bernal, que interpuso en 2015 la denuncia contra el sindicato y solicitó estos testificales, puso especial énfasis durante el interrogatorio en esclarecer cuánto tiempo de la jornada laboral dedicaba cada uno de los trabajadores a estas tareas. Esto indignó a la defensa, que entiende que es una cuestión administrativa y no judicial que debería dirimir el Principado, convocante de estas ayudas, y no el juzgado. El abogado de UGT insistió además en sus quejas ante la forma de actuar de la UCO por haber interrogado a testigos en el cuartel cuando el caso ya estaba judicializado. «Debían haber venido desde el primer momento al juzgado porque las preguntas de la UCO estaban dirigidas», protestó.