«Las sentencias están para cumplirlas», dicen los denunciantes

Mientras el Principado, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y Enagás esperan como agua de mayo que las palabras de Álvaro Nadal se plasmen en la regularización de la regasificadora, ayer, un barrio gijonés amanecía indignado. En El Muselín, cuyos vecinos promovieron algunas de las denuncias que lograron que la planta sea declarada ilegal, sus habitantes insisten en que hay que demolerla. «Las sentencias están para cumplirlas», insistía ayer enfadado el presidente de la Asociación Muselín Vivo, Ángel Piñera, que recordaba que hay al menos tres fallos que les dan la razón, dos que declaran que la licencia de la instalación no se ajustó a la legalidad y otro referente a que no se puede construir en el terreno ganado al mar porque no se contempla en el Plan General de Ordenación vigente. «No se puede engañar a la opinión pública. Son globos sonda nada razonables», señalaba Piñera sobre las palabras del ministro.

Por otro lado, el abogado de otros de los demandantes, la Asociación Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y de la Asociación Green, Marcelino Abraira, recordó que los motivos de nulidad son más amplios que la mera distancia, por lo que no está de acuerdo en que la planta «se pueda legalizar tan fácilmente como se dice».