Álvarez: «No son delincuentes, con una citación judicial hubieran acudido»

«Nos hemos quedado sorprendidos, con cierta sensación de indefensión por la innecesaria espectacularidad del registro y las detenciones». El secretario general de UTG en España, Pepe Álvarez, se expresaba ayer de esta forma tras conocer lo ocurrido en Oviedo, en la sede del sindicato regional. «Nuestra organización ha mostrado siempre toda la colaboración con la justicia. Hubiera bastado una citación judicial y habrían acudido. No son delincuentes», aseveró.

Álvarez demandó ahora una respuesta de la justicia «rápida y ágil y eficaz». «Queremos que se actúe con diligencia y celeridad para aclarar todo esto cuanto antes, porque aparte de dañar nuestra imagen, esta situación dificulta que cumplamos nuestra labor constitucional», dijo.

Lo acontecido en la sede regional de UGT provocó una sacudida política. Mientras que tanto el Gobierno como el PSOE optaron por no pronunciarse, a la espera de la evolución de los acontecimientos, una mayoría de grupos de la oposición pidieron explicaciones al Ejecutivo de Javier Fernández por el manejo que realiza de los recursos públicos a través de subvenciones.

«Es necesaria una aclaración contundente», dijo el popular José Agustín Cuervas-Mons, que consideró el asunto «de extrema gravedad» y que encontró coincidencias con un caso similar que se investiga en Andalucía. «Recuerda mucho a casos como los que conocemos en Andalucía, que han escandalizado a todo el país, y espero que lo que se investiga en Asturias no sea de esa naturaleza», argumentó.

El parlamentario anunció que el PP solicitará la comparecencia en la Junta General del Principado del responsable de la gestión de los fondos para formación, el consejero de Empleo, Francisco Blanco, para que dé explicaciones. «Esperamos que garantice que los fondos públicos que mediante subvenciones se han destinado a UGT para la formación de desempleados han sido correctamente utilizados y debidamente justificados, algo sobre lo que existen dudas», dijo.

«Haciendo negocio»

Por su parte, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, señaló que su formación advirtió en su día al Gobierno de que «un sindicato podía estar haciendo negocio» con los fondos de formación, y que el Ejecutivo «miró para otro lado» y no tomó las medidas necesarias.

Ripa criticó duramente al Ejecutivo regional. «Javier Fernández tiene muy poca suerte a la hora de escoger a los líderes sindicales que le avalan», ironizó recordando que Braga defendió en su día que Fernández «era el mejor líder del PSOE», después de recordar que Villa «era el padrino político» del presidente.

«El Gobierno de Javier Fernández miraba para otro lado y obstruía las investigaciones», dijo Ripa, que añadió que «Podemos preguntó hasta tres veces en el Parlamento por este tema, y hace un año solicitó 66 cajas de documentación con expedientes muy concretos, apuntando al Gobierno dónde creíamos que se estaba produciendo el presunto fraude de la formación».

Podemos, indicó Ripa, ve con preocupación «las similitudes entre los casos de los cursos de formación en Andalucía y en Asturias», donde se repiten «las mismas prácticas y los mismos procedimientos».

Desde Foro, la presidenta, Cristina Coto, apuntó que la Sindicatura de Cuentas ya ha alertado en más de una ocasión de «posibles irregularidades» en el manejo de estos recursos y de que «algo raro» podía estar sucediendo. «Esperamos que Javier Fernández no se lave las manos como ya hizo con el 'caso Renedo' o con Villa», zanjó.

En cuanto a Izquierda Unida, Gaspar Llamazares mostró su respeto por la acción de la justicia y dijo esperar «que todo se aclare en favor del buen nombre del sindicalismo, que ya ha sufrido el 'caso Villa'.

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