Blanco afirma que la regasificadora de El Musel cumple la legalidad

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Francisco Blanco, ha asegurado hoy que la planta regasificadora de El Musel cumple con la legalidad vigente y que le consta que desde el Ministerio de Industria y Enagás han iniciado ya los trámites para solicitar una nueva licencia que permita su utilización.

Blanco se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado en respuesta a una interpelación de la diputada popular Emma Ramos sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado otra dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba la ilegalidad del proyecto. El consejero ha incidido en que la regasificadora es totalmente legal, aunque el inicio del expediente no lo fuese, tal y como se ha contemplado en esa reciente sentencia del Supremo.

En su opinión, la regasificadora no tiene licencia, pero es legal en el emplazamiento en el que está, según la normativa actual, por lo que Enagás y el Ministerio de Industria han iniciado los trámites para conseguirla. En cualquier caso, ha reprochado a los populares que el PP cuestione ahora un proyecto que costó 380 millones de euros cuando hay posibilidades reales de darle un uso a esa inversión.

En concreto, ha señalado que cuenta ya con usos potenciales para el almacenamiento de gas para suministro de buques o para atender los intereses de Estados Unidos por exportar gas a Europa. "Como dice Enagás, hay oportunidades como planta de almacenamiento para suministro de buques", ha afirmado hoy el consejero. Asimismo, ha asegurado que aunque en 2006 se incumpliese la legalidad a la hora de iniciarse la tramitación del expediente, un trámite del que son responsables la empresa y el Ministerio, "la planta se construyó dentro de la legalidad".

Blanco ya había emplazado a principios de mes al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para "legalizar" la regasificadora del puerto gijonés de El Musel después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia que declaró que se construyó vulnerando la ley.

El fallo del Supremo desestimaba el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Madrid, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora del puerto gijonés debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.