La defensa de UGT subraya que «no hay mucho que encontrar» sobre el presunto fraude en los cursos de formación

El director de Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Andrés de Dios, ha declarado durante más de dos horas en el juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en relación a la denuncia de la Fiscalía contra la UGT de Asturias por presunto fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación. Al término de la intensa sesión, su abogado, Eliseo Mateos, ha señalado que han aportado toda la documentación requerida por el juez y el fiscal y que han demostrado que la gestión de las ayudas superó las correspondientes investigaciones del Principado.

Mateos ha anotado también que la Fiscalía aprecia que sobrecostes en facturas correspondientes a cuatro ejercicios: 270.000 euros en el año 2010, 170.000 euros en el año 2011 y respecto a los ejercicios 2012-2013 y 2013-2014, asegura que las cuantías no alcanzan el tipo penal de 120.000 euros.

Para hoy también se había citado a declarar al secretario de Organización de la UGT-Asturias, Abel Suárez, cuyo testimonio ha sido descartado. Sí se citará a los responsables de Infastur, empresa vinculada a la organización en el Principado, pero la decisión del tribunal deja fuera del proceso a las siglas de la histórica central sindical: Ha quedado acreditado que UGT no tiene nada que ver aquí, hasta el punto de que Abel no tiene que declarar, ha destacado el abogado del sindicato, Francisco Alonso, quien ha señalado que la causa ha quedado ceñida a los cuatro ejercicios ante señalados y ha recalcado que se han justificado todas y cada una de las subvenciones.

Asimismo, antes de entrar en sala, dejó claro que si la Fiscalía no ha recabado pruebas suficientes para avanzar la causa contra la organización tras un año de investigación es que no hay mucho que encontrar. Alonso señaló también que este procedimiento, por el que el ministerio público formalizó una denuncia el pasado mes de diciembre precisamente para prolongar la fase de diligencias, se puso en marcha tras la denuncia de dos personas despechadas y enfadadas con la organización y que todos los años hay diferencias entre la administración y las entidades que reciben las ayudas públicas. Como ejemplo, ha recordado la sentencia emitida en enero que da la razón al sindicato ante un recorte de subvenciones de 526.000 euros correspondientes al año 2013 tras una revisión a la baja de los criterios de concesión por parte del Principado.

Para hoy, también se había previsto la declaración de María Jesús Ocaña, gerente de Localmur, otra de las firmas afines de la UGT-Asturias, pero se ha pospuesto hasta el próximo 15 de marzo. El día 11, por su parte, declararán los dos denunciantes y tres propietarios de los locales cuyo alquiler y equipamiento se investiga en el marco de este proceso.