DIANA DE MIGUEL
Viernes, 27 de febrero 2015, 00:34
La salida planteada el miércoles por el presidente de los constructores asturianos, Serafín Abilio Martínez, para dejar patente su malestar ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo en sus compromisos de licitación de obra pública, que los empresarios rompan oficialmente el acuerdo de concertación social y no firmen ninguno más, ha sorprendido y mucho a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Su director general, Alberto González, aseguró ayer que la organización no se plantea abandonar el actual Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) que agentes sociales y Gobierno regional rubricaron el 8 de febrero de 2013.
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Asegura que aunque Fade «suscribe» muchas de las razones esgrimidas por los constructores, entiende que antes de tomar una decisión de ese calibre es preciso debatir el asunto en los órganos de gobierno de la patronal donde, remarca su director general, los responsables de CAC-Asprocon no nos han pedido nada. «Ha habido reunión de los órganos de gobierno precisamente anteayer. Este tema se trató pero no se concretó en los términos en los que la CAC lo ha sacado, y si tiene que volver a debatirse se hará, pero la voluntad de Fade no es la de abandonar el acuerdo de concertación», matizó ayer González.
Considera el director general de Fade que podría ser más fácil recomponer el pacto para atender restricciones presupuestarias e incluso legales, por necesidades de cumplimiento de déficit, abordando reducciones de gasto en todos los apartados del acuerdo. «Es un tanto llamativo que el único apartado dentro de la concertación que sufre una caída importante sea el de inversión. Podríamos repartir este incumplimiento entre otros apartados de manera que no fuera el impacto tan grande sobre uno que es tan importante», abundó González.
Según los datos que manejan los constructores, a día de hoy está pendiente de licitar más del 40% del presupuesto comprometido para inversión pública. En concreto, 490 de los 831 millones previstos. Desde la patronal asturiana estiman, con datos provisionales de 2014, los niveles de incumplimiento del capítulo de inversión entre el 35 y el 40%. «Y esto son cifras importantes, mucho más en este momento», remachó el directivo.
Fade también comparte la denuncia realizada por el sector de la construcción respecto a las bajas temeraria de más del 50% con las que la administración regional estaría adjudicando todas las obras. Unas bajas que CAC-Asprocon achaca al criterio que desde 2013 aplican los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, «tan irresponsable como insólito y surrealista», dicen los constructores, que ha llevado al Gobierno de Javier Fernández a optar por el sistema de subasta frente al de concurso, lo que le aboca a adjudicar la obra en cuestión a la empresa que ofrece el menor precio y está provocando que más del 60% de las adjudicaciones de obra que se realizaron en 2014 fueran a parar a empresas de fuera de Asturias.
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El resultado de adjudicar obras con estas bajas está teniendo, según manifestó el miércoles el director de la patronal de la construcción, Daniel García-Balbín, un efecto devastador sobre el sector que, advierte, a largo plazo le puede salir muy caro a la administración, en línea con lo que ha manifestado la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Un sector «en quiebra»
Por un lado, argumentó el directivo, porque las obras «se realizan tarde, mal y nunca» y se produce una merma de los sistemas de prevención en las obras que hace que aumente la siniestralidad. Por el otro, porque también baja la calidad de las obras, se incumplen los proyectos a ejecutar y se fomenta la contratación irregular incumpliendo los salarios fijados en los convenios y generalizando la contratación de autónomos. En definitiva, concluyó García-Balbín, porque supone la destrucción del entramado empresarial asturiano y la pérdida masiva de mano de obra.
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Los constructores asturianos están llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de las obras adjudicadas en los últimos años y en las próximas semanas ofrecerán datos concretos de lo que ha pasado. Anticipan que hay actuaciones que se adjudicaron hace más de cinco meses y todavía no han empezado y que los proyectos de muchas otras han sido modificados en cantidad y calidad.
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