Más de 109.000 asturianos se cambiaron de compañía energética en la primera mitad del año

Por detrás del Principado se situaron Cantabria, donde se redujeron un 25,2% (24.241 cambios menos) y País Vasco, que cerró el podio con una caída del 14% (-34.246). La otra cara de la moneda la representa las Islas Baleares, que entre enero y junio registró un 28,3% más de cambios de comercializadora en términos interanuales (23.892 más), mientras que en Canarias fue del 26,4% (26.535) y en Andalucía del 25,4% (177.362).

El descenso más importante en Asturias se produjo en los cambios de las comercializadoras eléctricas, con un desplome del 62%, mientras que en el caso de las de gas el retroceso fue más moderado, del 11,5%. No obstante, las caídas se han ido limitando a lo largo del año. En los primeros tres meses del presente curso se realizaron hasta un 73% menos de migraciones de comercializadoras de gas respecto al mismo período de 2023, frente al 35% de contracción que se registró en el segundo trimestre. En el caso de las eléctricas, el descenso entre enero y marzo fue menor, del 18%, mientras que en los tres meses siguientes tan solo bajó un 4%.

Por otro lado, atendiendo a la tipología del mercado, los mayores cambios se produjeron dentro del mercado libre, ya que entre enero y junio 87.958 asturianos decidieron mudarse a otra compañía para tratar de optimizar su factura, la mayoría de ellos, 74.612 –el 85%–, lo hicieron en el mercado eléctrico. Las cifras son sensiblemente inferiores en el caso de aquellos que optaron por cambiar tanto del mercado libre al regulado (12.678) como viceversa (8.368). Dentro del propio mercado regulado, tan solo hubo 226 traspasos.

El incremento de los precios de la energía en los mercados mayoristas se trasladó en 2023 a los contratos de unos consumidores a los que, en algunos casos, les faltaba información en lo relativo a su factura. En ese contexto, entre las principales actuaciones de la CNMC en 2023, tal como destaca el propio organismo, estuvo «el especial esfuerzo de supervisión para que las comercializadoras trasladaran de forma clara y transparente el impacto del incremento en los precios de la energía a los contratos de los consumidores». El objetivo fue que los clientes de las compañías pudieran contar con toda la información posible para, de ese modo, tomar las decisiones que mejor se ajustasen a sus necesidades.

En ese sentido, con la finalidad de perseguir la mala praxis en el sector, el año pasado se realizaron 2.323 inspecciones en el ámbito de la energía en todo el territorio nacional, la gran mayoría de ellas (2.288) en el sector eléctrico y el resto (35) en el del gas y los hidrocarburos. En concreto, se instruyeron 70 expedientes sancionadores en materia de energía y se resolvieron 45 de ellos con un importe global de 11 millones de euros en sanciones, según datos de la propia CNMC.