Mundial 2030

Solo Gijón se cae de la carrera mundialista

La competición por ser sede del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos empieza a dejar las primeras dudas. Quince estadios en trece ciudades se postularon para albergar partidos de una de las citas deportivas más importantes del mundo. Pero, a estas alturas, cuando se conocieron los exigentes y costosos requisitos que impone la FIFA, dos de los recintos recularon y su horiznte no invita al optimismo. Mientras la opción de Valencia se tambalea, Gijón es la única que ha dicho que no y parece difícil que haya marcha atrás, aunque se quiera alimentar la esperanza desde el club, principal impulsor de la candidatura. La alternativa de El Molinón contrasta con los otros trece estadios, que ya cuentan con proyectos con notable grado de solidez en lo económico y consenso en lo político.

Las razones del Ayuntamiento de Gijón son claras. Desde el Consistorio, sin un plan de financiación para la reforma del estadio presupuestada en 150 millones de euros, con un coste estimado en gastos de organización de otros 50, la obligación de firmar un seguro por 92 y muchas dudas sobre la rentabilidad, se considera que hacerlo supondría «hipotecar» el futuro de la institución, responsable última, sostienen, de cualquier desvío económico al ser ciudad organizadora y propietaria del estadio. El pasado viernes, desde el Consistorio se finiquitaba cualquier ilusión asegurando de que el debate se ha terminado y Gijón da un paso al lado en sus aspiraciones.

Los plazos dados en un primer momento, que señalaban el 23 de febrero como fecha límite para firmar el acuerdo con la FIFA, parecen ahora más laxos, por lo que Gijón tendría una opción remota de reengancharse aún a la carrera. Pero para ello haría falta que apareciese un dinero que por ahora no se atisba. El Ayuntamiento da por terminado el debate.

Valencia es la otra ciudad que se tambalea, aunque por razones bien distintas. El choque frontal entre el club y las instituciones pone en peligro una de las sedes por las que siempre apostó la RFEF. La clave está en el dinero. El Valencia, propiedad de Peter Lim, es el propietario del Nuevo Mestalla, un estadio a medio hacer cuyas obras llevan paralizadas desde 2009 y que debe retomar esta entidad. Pero no piensa hacerlo hasta que el Ayuntamiento no active de nuevo un convenio urbanístico ya expirado por el que el club recibiría compensaciones urbanísticas para la parcela del viejo Mestalla. La postura municipal, que está de acuerdo en las condiciones que impone la FIFA, al igual que la Generalitat, es que no aprobará ese documento hasta que el Valencia no retome con garantías las obras. Aunque aún queda tiempo, la situación está muy enquistada e incluso judicializada.

El resto de proyectos repartidos por España cuentan con bases más sólidas. Un ejemplo es Zaragoza, donde Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y club han firmado un convenio para sufragar los 120 millones de euros del nuevo estadio que reparte las cargas a partes iguales. Además, están de acuerdo con las condiciones de la FIFA.

En Galicia, las dos posibles sedes siguen en la carrera, aunque en la comunidad vecina queda el miedo de que solo pueda ser elegida una de las dos. Vigo, con su alcalde, Abel Caballero, a la cabeza, tiene un gran empeño en que el Mundial recale en la ciudad. Balaídos ya está en plena reforma, un proyecto de 60 millones de euros, pero necesita más asientos. Espacio para colocarlos existe para una obra que aún no está cuantificada. Ayuntamiento y Diputación van de la mano y se reparten los gastos al 50%. El propio Caballero ya ha dicho que Vigo puede asumir las condiciones FIFA.

En La Coruña también hay consenso político para llevar adelante la reforma de Riazor, con un coste de 60 millones. El club, propiedad de Abanca, tiene mucho interés en contar con un estadio completamente modernizado y ampliado.

Murcia cuenta con la menor inversión para el estadio de toda España, con 35 millones de euros. Ayuntamiento y Comunidad Autónoma trabajan conjuntamente para que el Enrique Roca albergue partidos mundialistas y negocian cómo se repartirán los gastos.

El caso de Málaga es peculiar. Con el equipo en Primera RFEF e intervenido judicialmente, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, con la colaboración del club, están tirando del proyecto. El coste de la nueva Rosaleda es de 120 millones de euros y, aunque se buscan inversores privados, las instituciones públicas están dispuestas a pagarlo. De hecho, la Junta de Andalucía está llevando el asunto con gran interés, trabajando con Málaga, que ya firmado los documentos FIFA, y con Sevilla como si fueran una candidatura única.

En Canarias también quieren seguir en la carrera y ya han enviado toda la documentación exigida, presupuestos incluidos. El Cabildo y el Ayuntamiento han apostado fuerte desde un inicio por un proyecto para el que estiman un coste de 78 millones de euros, la mayor parte para la reforma del estadio. Su gran infraestructura hotelera, la cercanía a Marruecos y su conexiones aéreas juegan a favor de una candidatura que ha apostado muy fuerte por el Mundial 2030.

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