Hacienda no puede acreditar que el Barça comprara a los árbitros

De momento, de lo que se desprende del sumario es que la Agencia Tributaria no ha conseguido probar que Negreira facilitara información reservada, a pesar de que, por ejemplo, sí ha trascendido, que el Barça conoció tres meses antes de la final de Copa contra el Alavés, en 2017, que el colegiado sería Clos Gómez, el mismo que está en el ojo del huracán del madridismo por su actuación desde la sala del VAR en el último clásico. Conocer el árbitro con anterioridad no da ventajas deportivas, de entrada, pero sí puede servir de prueba para un juez para determinar que el Barça obtuvo privilegios por parte Negreira desde el punto de vista deportivo. La Agencia Tributaria concluye también, según recoge el sumario, que la salida de Negreira del Comité Técnico de Árbitros pudo estar «motivada por alguna conducta punible».

Hacienda además ha podido corroborar que el exvicepresidente de los árbitros retiró medio millón de euros en efectivo entre 2016 y 2019. Esta circunstancia no prueba nada, solo que disponía de mucha liquidez económica, pero sí puede abrir una línea de investigación sobre qué pudo hacer con ese dinero y si de forma indiciaria le sirvió para hacer pagos a terceros, lo que pondría en una situación muy complicada a la entidad azulgrana, que sigue sin dar explicaciones. En el informe que Hacienda entregó a la Fiscalía sorprende al fisco que el exdirigente arbitral, a pesar de su millonaria colaboración con el club culé, no vio incrementado su patrimonio, lo cual es más que sospechoso. Negreira declaró que el objetivo último es que los colegiados no vayan en contra del Barça, que todo sea «neutral». «Nunca pagué a algún árbitro o ex árbitro con lo que recibía del Barcelona», dijo ante la Agencia Tributaria.

El club blaugrana ha optado por el silencio. De momento, ha contratado a dos de los mejores abogados de Barcelona para que le defiendan. Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras en el juicio del 'procés', experto penalista, ha recibido el encargo de hacer una investigación interna, desde el punto de vista financiero. Cristóbal Martell, experto en delitos fiscales, que ya defendió a Messi en el juicio por el que fue condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal, será el letrado del club en la causa abierta en el juzgado de Barcelona. Martell también lleva la defensa de Alves, acusado de violación. Es experto en llegar a acuerdos extrajudiciales. «Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña», afirmó Joan Laporta días atrás. El presidente está a la espera de que avance la investigación para dar explicaciones, Mientras tanto, apela al victimismo y habla de una campaña orquestada cuyo objetivo último es que el Barça se convierta en sociedad anónima y pueda ser controlado desde fuera.

No hay ninguna prueba de que el Barça, de acuerdo a los documentos del sumario, pagara a los árbitros para que le pitaran a favor, pero sí queda acreditado que el club pagó al vicepresidente del colectivo arbitral. Está probado que la empresa de Negreira hizo un informe de seguimiento de las decisiones arbitrales del Real Madrid, también que hizo vídeos de los jugadores del Barça y su relación con las decisiones arbitrales o informes con consejos del extrencilla hacia la entidad culé, como el que le insta a «cuidar mucho», su relación con Gil Manzano, pues se trata de un colegiado con proyección, llamado a dirigir «partidos importantes en las próximas temporadas».

La existencia de estos informes podría servir a un juez como prueba de que el Barça tenía intención de influir en la competición, lo cual ya podría ser constitutivo de delito. La Fiscalía, no obstante, va más allá que la Agencia Tributaria y en su denuncia señala que, «a través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial», con el vicepresidente del colectivo arbitral, para que «a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones». «Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno», señala la denuncia.