La Fiscalía detecta «violencia» en los incidentes del Sporting-Córdoba de 2013

La Fiscalía y los representantes del Sporting en 2013 (su presidente, Manuel Vega-Arango, el director de Organización, Carlos Barcia, y el presidente de la Federación de Peñas, José María Suárez Braña) discreparon ayer claramente en la percepción de los incidentes ocurridos en el estadio de El Molinón y sus aledaños en el transcurso y al final del encuentro disputado entre el Sporting y el Córdoba el día 11 de mayo de 2013, como consecuencia de los cuales están inculpados siete hinchas.

En sus conclusiones finales, el fiscal fue categórico al afirmar que «hubo violencia» y un «clima de tensión» que «no puede ser considerado algo normal, por lo que ratificó su petición de tres años y medio de prisión para cada uno de los acusados, entre otras cosas, por un delito de «desorden público», a lo que habría que añadir la prohibición de asistir a partidos de fútbol o espectáculos deportivos similares durante cinco años y, en el caso del acusado de atentado por lanzar un asiento contra los policías y de agresión a un vigilante privado que resultó con la nariz rota, año y medio y dos años y medio, respectivamente, más.

El fiscal, al negarse a considerar lo ocurrido «algo normal», realizó un sutil reproche a la visión aportada sobre la violencia en el fútbol por los dirigentes sportinguistas durante el juicio, independientemente de la responsabilidad que los acusados puedan tener demostrada o no, que eso es lo que deberá establecer el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz.

Manuel Vega-Arango calificó de «habitual protesta esa temporada» lo que presenció el día de autos y aseguró que no vio «cosa anómala» en la grada Sur, donde la Policía asegura que se produjeron «avalanchas». Ese término, por cierto, causó alguna discrepancia, ya que tanto los acusados como sus defensores utilizaron la palabra «movimientos» y Suárez Braña se refirió a los mismos como «la conga». «Llámelo como quiera -vino a decirle uno de los policías declarantes al defensor que lo interrogaba- con unas 300 personas implicadas». Al expresidente del Sporting no le cabe duda de que todas las iras de los aficionados tenían a los directivos como destinatarios, aunque un guardia de seguridad privado recibió un golpe por la espalda que le rompió el tabique nasal cuando intentaba cerrar las puertas de acceso al garaje para evitar que entrara el grupo con actitud violenta. Otro compañero, según declaró en el juicio, fue revolcado en el mismo acto, aunque no sufrió heridas que precisaran mayor atención, según su propio testimonio. Llegó a identificar a uno de sus agresores, y a dos componentes del mismo grupo, aunque no pudo precisar si llegaron a golpearlo.

Por lo que a la declaración del presidente de las peñas sportinguistas se refiere, Suárez Braña dijo llevar «16 años recibiendo insultos» y manifestó que es «increpado un día sí y otro también», especialmente en la temporada de autos, pero no llegó a identificar a ninguno de los autores de los insultos. En ese sentido, la Fiscalía lamentó que al visionar un vídeo sobre el trato recibido por Suárez Braña el día de los incidentes reseñados no estuviera activado el sonido, para comprobar «el clima de tensión».

Pruebas y declaraciones

La Policía fue ayer la parte más concluyente a la hora de identificar a los siete hinchas acusados, que algunos de los agentes aseguraron conocer por su actitud habitual en el estadio y que fueron responsabilizados de alentar los disturbios y golpear puertas.

Y es que los guardas jurados que recibieron los golpes apenas aclararon algo de lo sucedido en el acceso a los garajes de El Molinón.

El que sufrió las heridas más graves admitió que no pudo ver a quien le agredió porque se encontraba de espaldas, intentando cerrar las puertas, y ninguno de sus compañeros identificó tampoco al agresor. Una de las trabajadoras de la empresa de seguridad, por otra parte, negó que la hubieran atacado y aseguró que se produjo algunas contusiones en el intento de cerrar las puertas del garaje, cicunstancia que llevó al fiscal a modificar sus conclusiones en ese sentido.

Con las cosas así, cabe decir que cinco horas de vista y la declaración de los siete acusados y de una decena de testigos aportó poco al esclarecimiento de los hechos y que el magistrado tendrá que valerse de las pruebas documentales, especialmente vídeos y fotografías para alcanzar sus conclusiones.

Y ahí es donde radica la principal diferencia entre fiscalía, acusación particular que representa al vigilante herido, y abogados defensores.

Los dos primeros consideran que los documentos gráficos son suficientemente concluyentes como para relacionar a los inculpados con los altercados y hacen hincapié en la identificación de las ropas cuando las imágenes no son bastante explícitas con los rostros.

Los defensores Guillermo Calvo, Fernando Ángel de la Fuente y Sergio Herrero, por el contrario, pidieron la libre absolución para todos sus clientes al considerar que no hay pruebas suficientes y que los delitos imputados por la Fiscalía, por ejemplo el de atentado por el lanzamiento de un asiento que no se sabe que haya lesionado a nadie, son excesivos ante lo realmente ocurrido.

La acusación particular, ejercida por el letrado Julio César Alonso, en nombre del herido José Carlos López, pidió cuatro años de prisión para el acusado Raúl P., y una indemnización de 20.601 euros para su cliente por los daños y perjuicios sufridos.