Cultura insta a la SGAE a aclarar si Hevia tiene «un conflicto de intereses»

En el requerimiento, que la SGAE deberá responder en el plazo de cinco días, se explica que el ministerio «alberga dudas razonables» sobre la existencia de un conflicto de intereses que podría afectar a miembros de su junta directiva, «de tal modo que no se garantizaría que la entidad estuviera libre de influencias de los usuarios de su repertorio».

En concreto, cita los casos de las entidades de Pablo Pinilla y de José Ángel Hevia (Busindre Producciones), empresa esta última sobre la que se acordó en la junta directiva del 3 de mayo, a propuesta de la comisión deontológica, que no participase en las decisiones relacionadas con las normas de reparto en el ámbito de la radiodifusión. «A fecha de presente requerimiento, Pablo Pinilla y Hevia, miembros de la junta directiva de la SGAE, siguen siendo administradores únicos de las dos referidas compañías y el ninisterio no tiene constancia de que la junta haya revocado su acuerdo en relación con las mismas», señala el escrito.

Cultura desconoce si «se están cumpliendo con las obligaciones legales descritas en los conflictos de intereses», al no contar con una copia de la declaración sobre conflictos de intereses de los nuevos miembros de la junta, tal y como está contemplado en la legislación.

Asimismo, en el requerimiento, Cultura solicita a la SGAE indicar qué miembros participaron en la toma de decisión del 29 de noviembre de este año -con Hevia ya en la junta- para modificar un artículo del reglamento de la sociedad de autores.

También piden un informe sobre las medidas que está poniendo en práctica para «asegurar una gestión de la entidad libre de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una injusta utilización preferencial de sus obras y prestaciones protegidas». Además, el departamento de José Guirao apunta a que los miembros de la comisión deontológica de la SGAE siguen sin ser nombrados y reclama un informe sobre la posición de la entidad acerca del procedimiento sancionador abierto por la CISAC, quien ha llegado a plantear su expulsión.