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A. VILLACORTA
OVIEDO.
Viernes, 29 de enero 2021, 01:54
«Es un fallo garrafal y un riesgo para nuestro patrimonio porque, si no hay consecuencias, esto va a volver a repetirse. De hecho, a nivel nacional, se sigue repitiendo casi trimestralmente». La presidenta de la Asociación de Conservadores y Restauradores de Bienes Culturales del ... Principado de Asturias (Ara), Marta Flórez, no terminaba ayer de creerse del todo que, como adelantó EL COMERCIO, la Audiencia Provincial haya archivado el caso del conocido como 'Ecce Homo' de la ermita tinetense de Rañadoiro, la intervención sobre tres tallas del sigo XV a manos de la estanquera de La Espina con el visto bueno del párroco que dio la vuelta al mundo, al considerar prescrito el delito contra el patrimonio.
«Me alegro mucho por la señora, porque no lo hizo con mala intención, pero lo ideal hubiese sido que, a través de las consecuencias, que deberían ser graves, la gente se concienciara. Tanto los poseedores de obras de arte, privados y públicos, como quienes intervienen en ellas», defiende Flórez. Porque, de lo contrario, el mensaje que se está lanzando a la población es que ancha es Castilla: «Y llegará el cura de otro pueblo que será muy amigo de otra señora y cogerán otra talla y entre los dos la desgraciarán, cuando estamos hablando de patrimonio que es de todos nosotros. Entiendo que hay muchas personas que son ajenas al mundo artístico, pero también hay que entender que, si nuestros antepasados no hubiesen cuidado las cosas, no habría un Museo del Prado, que es de todos los españoles, ni un Museo de Bellas Artes, que es de todos los asturianos, o una Santa María del Naranco».
Y lo peor es que «este tipo de intervenciones no siempre tienen remedio». Así que -sostiene Flórez- hay que poner las restauraciones en manos de profesionales «por lo mismo que, si te quieres hacer la cirugía estética, no vas a una peluquería a que te inyecten en los labios no sé qué. Cada uno, a lo suyo. Y, por ejemplo, antes de restaurar cualquier cosa, hay que enterarse bien de qué hizo ese restaurador antes».
También Fernando Carrera, de la Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) y que estuvo en el origen de la denuncia ante la Fiscalía, lamenta que la justicia haya archivado el caso y defiende una política «de tolerancia cero» y «no transigir más ante este tipo de actuaciones que muchas veces terminan convertidas en una fiesta, como en el caso del 'Ecce Homo' de Borja». Cuando la realidad «es que este tipo de destrozos no tiene ninguna gracia, porque no se trata solo de la defensa de una profesión, sino de la defensa de nuestro patrimonio».
En el caso de la intervención de Rañadoiro, a él no le pilló por sorpresa el auto de la Audiencia: «Estamos tan escamados, tan cansados, tan hartos de que las denuncias no salgan adelante que ya no nos sorprende, porque la legislación está tan llena de recovecos y de cuestiones técnicas que al autor no se le puede imputar». En resumen: «Lo que está pasando es que, por una u otra razón, las denuncias no llegan a buen puerto. Ni siquiera daños tan graves al patrimonio como el San Jorge de Navarra, que, al final, solo tuvo un trámite administrativo porque la propia Administración se metió a acallar sus pecados».
Así que, en opinión de Fernando Carrera, «el cambio de mentalidad» es una tarea pendiente «para toda la sociedad», empezando por los jueces y los fiscales, porque, si un fiscal o un juez considera que el patrimonio no le importa a nadie, no va a sacar adelante nunca un expediente de este tipo». Conclusión: «Es culpable el estamento judicial. Es culpable la autora del hecho y, más que ella, es culpable el cura que lo permitió. Es culpable la Administración pública, que mira para otro lado. Es culpable, por supuesto, la Iglesia. Y es culpable toda la ciudadanía. Culpables somos todos porque a nadie le importa nada el patrimonio». Y de ahí que se «perpetren desgracias como la del Chao Samartín, con autorización y financiación pública. Alucinante».
Así las cosas, los únicos que ayer pudieron respirar tranquilos fueron la estanquera Marisa Menéndez y el cura Arturo García, que se enfrentaban a una multa de tres a dieciocho meses y que dieron el «asunto por zanjado. Por fin se acabó». El abogado de la primera, Francisco Pérez Platas, valoró el archivo del caso «de manera positiva. Sobre todo, por evitar la notable tensión que vivió nuestra clienta enfrentándose a un proceso judicial como este. Yo creo que este tipo de cuestiones no son para llevar al campo del derecho penal, que debe quedar reservado para asuntos mucho más graves. Y, por lo declarado a EL COMERCIO por el Principado, además de vía penal, también ha quedado cerrada la administrativa».
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