Cultura exige una auditoría a la Fundación Selgas

La consejera Berta Piñán, que es patrona de este organismo, transmitió ayer que su solicitud se ve «más reforzada», tras las últimas informaciones que conciernen a sus finanzas y que apuntan a una delicada situación económica de la Fundación, que vendió un Goya por solo 3,3 millones a Amigos del Prado, tras la deuda adquirida por la compra de un hotel en Sevilla a dos empresas de las que era consejero Peña Varona. «No hacen sino incrementar la preocupación del Gobierno de Asturias, ante la situación de una entidad que atesora un importantísimo patrimonio cultural», aseguraba.

Esa preocupación se extiende al resto de grupos parlamentarios. Con el objetivo de intentar esclarecer la situación, el Partido Popular registró ayer, en la Junta General, la petición de creación de una comisión de investigación «ante lo que parece un expolio del patrimonio asturiano». La diputada Gloria García considera urgente que la presidencia de la entidad aclare las gestiones que estuvieron llevando a cabo, con el conocimiento del patronato. Unas gestiones que derivaron en la venta de 'Aníbal vencedor', de Goya, y el intento de venta de la 'Inmaculada concepción', de El Greco.

Y, en su opinión, el hasta ahora silencio del Ejecutivo autonómico hace aún más imprescindible esta comisión. García recordaba ayer que a petición de su grupo parlamentario la consejera de Cultura, Berta Piñán, compareció el 27 de mayo, y «sus explicaciones fueron vagas y no arrojaron luz sobre la gestión económica de la fundación, por lo que los asturianos seguimos sin conocer las actividades de la entidad, envueltas en el oscurantismo».

Recordaba también la parlamentaria que Selgas Fagalde tiene una fiscalidad diferenciada, por estar dentro del Protectorado Nacional de Fundaciones, dependiente del ministerio de Cultura y que, por tanto, «tiene la potestad de supervisión de la gestión económica». García aseguraba entonces que «es evidente que han fallado los mecanismos de control. Como mínimo ha habido dejación de funciones, por parte de la Consejería de Cultura como miembro del patronato y negligencia en el seguimiento de las actividades desarrolladas por parte del Ministerio de Cultura».

Ricardo Menéndez Salmón, de Podemos, apoyaba la propuesta de los populares por ser «razonable y razonada». «Hay demasiadas sombras en este enredo y la evidencia de que todos los patronos públicos han sido cómplices de estos desmanes por negligencia, omisión o puro desinterés», apostaba.

Mientras tanto, el diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, exige que haya consecuencias políticas por lo ocurrido y que se aclaren las responsabilidades administrativas, penales y patrimoniales del Gobierno del Principado por permitir el desgajamiento de esta colección artística: «Lo que ha sucedido es mucho más que dejación de funciones, ya que puede tener consecuencias penales e incluso patrimoniales».

Por su parte, Ángela Vallina, de Izquierda Unida, pedía al equipo de Piñán que dé «todas las explicaciones antes de cualquier comisión. Exigimos al Gobierno que presente al Parlamento, a más tardar en octubre, un informe completo sobre las operaciones de la fundación».

Asimismo, para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, «resulta evidente que la consejera ha descuidado gran parte de sus responsabilidades para centrarse en exclusiva en la promoción de la llingua y su oficialidad». E insistía: «El caso más llamativo es el de esta fundación, de la que desconocía incluso su situación contable cuando se le preguntó».