Un trato desigual en tres concejos de la comarca de Avilés

En Avilés, el Ministerio acaba de echar otro jarro de agua fría a la petición del Ayuntamiento de revisar el mapa del ruido de la Variante en La Grandiella, donde actualmente hay censadas cerca de 800 personas. Pero la batalla no se libra sólo en esa zona, puesto que el Principado, con competencias ahora en un tramo de la AI-81 por el enlace del PEPA, también da largas a la hora de solucionar el problema que sufren los vecinos de Llaranes.

En Carreño, los miembros de la asociación vecinal de San Juan de Tamón se sienten «discriminados» frente a los vecinos de Corvera. Aseguran desde hace años que «todo el mundo» conoce el problema del ruido que genera la autovía a su paso por sus parroquias. «Incluidos los políticos que gobiernan, cuyo trabajo es defender los intereses de todos los ciudadanos sea cual sea el color político. No somos diferentes a los de cualquier otro concejo, lo que no tenemos son gobernantes de altura», lamentan.

Las numerosas peticiones realizadas por el propio Ayuntamiento, con otra socialista -Amelia Fernández- al frente, para reclamar la eliminación de la contaminación acústica tampoco han sido atendidas. Al igual que en Avilés, se han remitido en los últimos años escritos oficiales al Ministerio y a la Consejería, aportando los resultados de un estudio acústico elaborado y financiado por el Consistorio, sin respuesta.