«Hay sueldos desproporcionados respecto al resto del personal»

Por esa razón, los interventores judiciales consideran que fijar ese sueldo «supone una operación dirigida a la descapitalización de la sociedad intervenida».

La misma operación se repite con Sergio Aragón, director de operaciones en ambas fábricas con un salario anual de 144.000 euros en doce pagas y que el pasado mes de mayo llevaba únicamente treinta días con esas responsabilidades.

A pesar de su puesto, en una entrevista ante los interventores en La Coruña Aragón reconoció que no tenía acceso a programas de gestión de la compañía, ni poder de representación, ni conocía la cantidad de materia prima que iban a recibir las dos fábricas que dirigía.

Así que los interventores concluyen que «realmente no realiza un trabajo que justifique una retribución tan elevada, ni estaría asumiendo responsabilidades acorde con esa retribución, lo que supone un evidente perjuicio para la sociedad».