RUTH ARIAS
AVILÉS.
Miércoles, 30 de junio 2021, 01:43
El informe que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tiene sobre la mesa y en base al que decidirá en las próximas horas o días la administración judicial de las sociedades de Alu Ibérica señala que todo apunta a que la ... situación de liquidez de la compañía es, cuanto menos, «comprometida». Hasta ahora se han ido abonando las nóminas de los trabajadores y otros pagos gracias al dinero aportado por Alcoa como parte del acuerdo de venta a los nuevos propietarios, pero esa cantidad ya se ha satisfecho completamente. Alcoa venía haciendo aportaciones trimestrales por adelantado y, habida cuenta de que el compromiso decae el próximo 31 de julio, la multinacional ya habría realizado el último ingreso, como señalan los interventores en su informe, al que ha tenido acceso LA VOZ DE AVILÉS.
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A pesar de las dificultades que los funcionarios designados por la Audiencia han tenido para poder realizar la labor que les había sido encomendada, concluyen que «no resulta en absoluto descartable que al menos las sociedades Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL se encuentren en una situación de insolvencia». De hecho, tal y como publicó este diario, los interventores solo localizaron seis cuentas bancarias con un saldo de 25 euros.
Así las cosas, consideran que «el mantenimiento de la actividad en condiciones de aparente normalidad por parte de os actuales administradores y gestores de dichas sociedades, sin tener en cuenta dicha situación, podría suponer un perjuicio relevante no solo para el patrimonio de dichas sociedades, sino también para los derechos de los actuales acreedores y de los trabajadores de dichas sociedades». A la vista de la situación, estos «podrían ver total o parcialmente reducidas las posibilidades de cobro de los créditos frente a dichas sociedades».
La solución pasaría, según se apunta en el informe, por la declaración casi inmediata del concurso de acreedores, algo que solo pueden hacer los gestores de la empresa, de ahí que insten a que el Grupo Riesgo sea apartado de la gestión y se nombre un administrador o administradores judiciales que, a tenor, de la última providencia judicial, podrían ser propuestos hoy mismo por la jueza.
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Los interventores piden que se realice, «a la mayor brevedad posible», un análisis completo de la solvencia financiera real de las sociedades», pero del documento se desprenden pocas dudas de que la situación es más que crítica, y ponen de manifiesto que «la no presentación de la solicitud de concurso de acreedores o un retraso en su presentación puede suponer un perjuicio relevante».
Por otra parte, la planta continuó ayer con su actividad normal, ya de por sí muy escasa, sin que se hayan dado más pasos encaminados al apagado del horno de reciclado, una medida que había sido anunciada el domingo por el manager de operaciones, Sergio Aragón. De momento se está a la espera de las decisiones que pueda tomar la Audiencia Nacional.
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