Era la primera norma que se aplicaba en Asturias para regular la explotación de este tipo de pisos a nivel municipal y ahora quedará anulada hasta que haya una resolución firme al respecto dado que el gobierno aún tiene la posibilidad de recurrir la sentencia.
La justicia da por tanto la razón al grupo municipal de Vox, que había presentado un recurso alegando que el gobierno local no tiene competencia para regular la explotación de este tipo de viviendas mediante un decreto de Alcaldía, como se hizo en este caso. En todo caso, desde Vox entendían que debería hacerse modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y previa aprobación del Pleno.
La norma que aplicó el gobierno local en el mes de octubre obligaba a los propietarios a tramitar una declaración responsable para la apertura y puesta en marcha de estos alojamientos vacacionales, que a efectos legales se igualaban a cualquier otro tipo de actividad comercial y por tanto conllevaba el pago de tasas e impuestos.
También prohibía explotar las viviendas y pisos turísticos en la mayoría de los barrios residenciales de la periferia de Avilés y los limitaba a la zona centro. «Creemos en un turismo sostenible y por eso creemos necesario sacar de los barrios este tipo de viviendas turísticas, para que la gente obrera pueda pagar sus alquileres y esto no les afecte», argumentaban desde el equipo de gobierno cuando la anunciaron.
A este respecto, la sentencia considera la nulidad de la norma en tanto «se estaría regulando a través de una simple instrucción, aprobada por la Alcaldía, una materia que debería regular el Plan General de Ordenación urbana de Avilés», dándo así la razón a Vox.
Además, el magistrado considera en su escrito que el Ayuntamiento de Avilés sí estaría equiparando las viviendas vacacionales y de uso turístico a los «locales abiertos al público, como alojamientos temporales». Entiende el magistrado que esta es una calificación errónea y precisa que hay un «elemento definitorio» que las diferencia como es la temporalidad, «unida a la comercialización por canales de oferta turística, principalmente a través de sistemas de información online», argumenta.
En contra de la gentrificación
Con esta sentencia sobre la mesa, la realidad es que la primera normativa municipal que regulaba este tipo de viviendas vacacionales en Asturias ha estado en vigor apenas medio año. La medida fue presentada el pasado octubre por las concejalas de Disciplina Urbanística y Turismo, Sara Retuerto y Raquel Ruiz, respectivamente. Ambas incidieron entonces en la importancia de aplicar una regulación sobre los pisos y viviendas vacacionales «por el auge de los mismos en la ciudad».
Los datos que ofrecían desde el gobierno de coalición para justificar la medida cifraban entonces en doscientas las viviendas de uso turístico que hay en Avilés y se anunciaba la norma como una medida para frenar un proceso de gentrificación que en algunas ciudades de mayor tamaño se ha convertido en un grave problema para los vecinos.