BORJA PINO
AVILÉS.
Miércoles, 24 de marzo 2021, 01:34
Para el Puerto de Avilés, la tregua concedida por las pruebas de batimetría se ha agotado. Incapaz de retrasar más lo inevitable, la Autoridad Portuaria ultima ya los detalles para acometer, antes del verano, el dragado de los accesos al estuario de la ría, ... que, en algunos puntos, han perdido casi un metro de calado por la acumulación de sedimentos. Una tarea que, sin embargo, continúa planteando ciertos problemas con algunas de las partes implicadas; en especial, con el Ministerio de Transición Ecológica, que aún no ha alcanzado un acuerdo con el Puerto sobre qué hacer con el material que se extraiga del lecho marino en la Declaración de Impacto Ambiental.
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Los fuertes temporales que marcaron el cambio de año han sido la gota que ha colmado el vaso de la capacidad tanto de la barra como del canal de entrada. En ambos espacios, las intensas mareas han depositado grandes cantidades de arena procedente de las playas, reduciendo su profundidad de forma notable. Y, dadas las dimensiones de los buques que suelen acceden a las instalaciones portuarias locales, perder un metro de calado, de los 12,75 nominales usuales, es una diferencia inadmisible.
Así, si se alcanza el ansiado acuerdo con el ministerio, la empresa danesa Rohde Nielsen, adjudicataria de los trabajos de mantenimiento periódico de la ría, comenzaría las labores en mayo o, a más tardar, en junio. De hecho, tal como el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, explicaba ayer a este diario, «desde que reciban la instrucción, en solo quince días se posicionarían aquí», e iniciarían la actuación valiéndose de una draga de succión.
Por ello, la pieza clave ahora es Madrid. La discrepancia con Transición Ecológica se remonta a 2018, cuando la firma de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) obligó a los puertos a devolver a las playas tras cada dragado una proporción de arena similar a la extraída del fondo marino anualmente. Desde entonces, la Autoridad Portuaria ha tratado de convencer al ministerio de que se le autorice a depositar en Salinas directamente el material apto succionado, aunque, por el momento, sin éxito.
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«Seguimos en conversaciones, y estamos estudiando la dinámica de la playa de Salinas», expuso Vega, cuyo objetivo es, en última instancia, demostrar que «los dragados no perjudican al sistema de dunas. No somos responsables de la pérdida de arena, y queremos probarlo no con opiniones sin fundamento, sino con estudios». Así, el presidente de la Autoridad Portuaria confía en que dichas conversaciones aporten, más pronto que tarde, soluciones «que garanticen no solo la viabilidad dunar, sino también la de nuestro Puerto».
Más allá de un desacuerdo puntual, esa diferencia de criterios con Madrid es la que ha llevado al Puerto a posponer todo lo posible el dragado de los accesos a la ría. No en vano, desde el momento en que se realice la primera intervención, entrará en vigor el plazo de cuatro años para cumplir las exigencias de la DIA.
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Ahora, ante la inminencia de tal actuación, la Autoridad Portuaria ha dado otro de los pasos fundamentales: la apertura del periodo de licitación para la definición y ejecución del programa de vigilancia ambiental de dragados. Un proyecto que tendrá la misión de garantizar que ninguna de las intervenciones en la ría dañe los ecosistemas terrestres, aéreos y acuáticos que la caracterizan, y cuya vigencia, una vez redactado e implementado, será de cuatro años, similar al del efecto de las medidas de la DIA.
Con un presupuesto base de 17.000 euros, la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para realizar el programa y ponerlo en práctica. El cuidado del agua será uno de los puntos clave a atender, cuidando de que ni en la zona de dragado, ni en la de depósito de sedimentos, se superen los límites de valores como salinidad, temperatura, presencia de metales o turbidez.
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Otro aspecto crucial que vigilar será el del aire, con especial atención a la contaminación sonora, por efecto de los trabajos de la draga. Por último, el programa tendrá que asegurar que la biodiversidad no sufra ningún daño.
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