El Puerto confía en que el conflicto del dragado se solucione por la vía política

«Espero que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pueda tener más influencia para encontrar una solución ahora que el debate sale del ámbito administrativo y pasa al plano político», señaló Rodríguez Vega, sobre la petición que la Autoridad Portuaria formula al Consejo de Ministros para que le dé el visto bueno a sus planteamientos sobre qué medidas medioambientales se deben adoptar paralelamente al dragado de la ría.

El escrito ya ha sido remitido al Consejo de Ministros y la Autoridad Portuaria espera contar con una resolución el próximo mes de febrero. En él se incide sobre «la falta de proporcionalidad e ineficacia» de obligar a la Autoridad Portuaria a asumir unos costes que calcula que serían de entre 1,2 y 3,8 millones de euros para una compensación de arena de solo 48.000 metros cúbicos en cuatro años.

El exceso de gasto obligaría a subir las tasas portuarias un 7,5%, lo que repercutiría en la competitividad de las empresas que operan a través del puerto de Avilés y también en la viabilidad del propio puerto.

Rodríguez Vega dijo haber mantenido ya «alguna conversación» con el secretario de Estado de Medio Ambiente, pero hasta el momento el debate se mantenía en el plano técnico y administrativo. De ahí que entienda que «ahora que el debate se traslada al ámbito político es el momento de ponderar los intereses públicos, no creo que el Consejo de Ministros mantenga como hace la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental que no son de su incumbencia los intereses sociales y económicos que se ponen en peligro con esta decisión», apuntó Rodríguez Vega.

Aseguró también haber pedido ya al secretario de Estado de Medio Ambiente «que Biodiversidad no mantenga ahora una posición numantina sobre sus planteamientos sino que estudie las alternativas y facilite una solución».

Y es que entre los planteamientos que realiza la Autoridad Portuaria está la creación de una cuenta de provisión de fondos para el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. La Autoridad Portuaria iría «asignando fondos anualmente en función de la arena con la que deba compensar el sistema (calculada como la diferencia entre el volumen total dragado cada año en la zona de barra y la parte del volumen dragado que sea reutilizado para la regeneración de la playa) valorada a un precio que se determinará a partir de los proyectos de regeneración ejecutados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en los últimos años». Ese dinero que se irá incrementando anualmente «únicamente podrá ser empleado en actuaciones con impacto positivo en la playa de Salinas que deberán ser realizadas en coordinación con la Dirección General de Sostenibilidad.

La Autoridad Portuaria basa una parte importante de su discrepancia en los altos costes que tendría cumplir el planteamiento que se realiza desde la Dirección General de Biodiversidad y el escaso impacto que tendría en la regeneración de la playa. Aporta cifras (ver cuadro).

Según sus cálculos, cada año tendrá que dragar 40.000 metros cúbicos, lo que significaría que serían 160.000 metros cúbicos en cuatro años. De ellos, se estima que el 70% de la arena podría volver a depositarse en la playa porque estaría limpia, el resto sería la que tendría que aportar o bien realizando labores de descontaminación o trayendo arena de otras zonas del Cantábrico.

En total serían 48.000 metros cúbicos en cuatro años, pero para ello la Autoridad Portuaria tendría que gastar entre 1,2 millones de euros y 3,8, en función del sistema que se adoptase. Por contra, si Costas acometiese su proyecto para regenerar la arena de la playa de Salinas, para lo que calcula que se necesitan un millón de metros cúbicos de arena, tendría que invertir 14,5 millones. «Nadie se pregunta por qué no se realizan pequeñas aportaciones a las playas, sencillamente porque es antieconómico porque solo mover la draga cuesta más de medio millón de euros y pretenden que nosotros lo hagamos», apuntaba Rubén Marín, director del Puerto, en su argumentación contra la Declaración de Impacto Ambiental.

Estas cifras se argumentan en el apartado del documento que se presenta al Consejo de Ministros en el que se defiende que no se respeta el principio de proporcionalidad de las medidas impuestas. «La Declaración de Impacto Ambiental impone condiciones económicamente desorbitadas y técnicamente ineficientes a una operación de dragado que se lleva a cabo desde hace más de sesenta años sin que se hayan detectado consecuencias negativas para el medio ambiente».

Otro de los argumentos que se esgrimen es que no se ha aplicado el principio de ponderación de los intereses públicos en juego. Es decir, el órgano medioambiental asegura que no se pronuncia sobre la importancia del puerto o aspectos económicos en relación a la declaración. Sin embargo, cree la Autoridad Portuaria que su actividad también es de interés público y debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar la decisión final. De ahí que defienda la «protección de intereses públicos asociados al mantenimiento de la actividad y desarrollo económico sostenible propios de los puertos de interés general en cuanto los mismos constituyen un pilar fundamental de la actividad económica de la nación», y en este caso de la comarca de Avilés y de Asturias.

También defiende que no se puede asignar al Puerto competencias que no son suyas en relación a la vigilancia y conservación medioambiental de la playa y las dunas como se plantea en la Declaración de Impacto Ambiental que obliga al Puerto a realizar estudios de seguimiento de ambos sistemas y adoptar medidas de conservación.

Niega además la Autoridad Portuaria tener responsabilidad en la contaminación de las aguas y la arena de la ría y playas, y mantiene que «procede de décadas de actividad industrial y minera sin cautelas ambientales». Hace esta reflexión porque se le impone traer arenas no contaminadas porque parte de las que se van a extraer de la ría lo van a estar, como en todo el litoral asturiano, pero entiende que no por la actividad de la Autoridad Portuaria sino por la de terceros.

En sus argumentos el Puerto dice que el informe que ha dado lugar a la declaración utiliza información de forma «deficiente o sesgada» porque recurre a un estudio de CEDEX de 2010 en el que atribuye al dragado entre el 13 y el 16% de la pérdida de arena en Salinas, cuando en el año 2015 se elabora otro que tiene unas conclusiones distintas. «En todo caso se nos asignaría una responsabilidad de entre el 13 y 16% y no del cien por cien como parece querer asignársenos cuando se nos obliga a vigilar las playas».