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YOLANDA DE LUIS
AVILÉS.
Viernes, 11 de mayo 2018, 03:39
El Ayuntamiento de Avilés pedirá sumarse a la causa del 'caso Pokemon' contra la empresa Aquagest que se sigue en Lugo como acusación particular. Esa es la propuesta que el equipo de gobierno socialista llevará al Pleno de este mes de mayo. Un informe jurídico determina que esa fórmula es la mejor para el Consistorio, descartando hacerlo como acción civil o popular, las otras opciones posibles para solicitar personarse en una causa judicial.
Las conclusiones, aprobadas hace dos semanas, de la última comisión municipal que analizó el proceso por el que se creó una empresa mixta para la gestión del agua en la ciudad incluían que el Ayuntamiento de Avilés solicitase su personación en el 'caso Pokemon', un proceso judicial que se sigue en un juzgado de Lugo contra Aquagest, que ostenta el 51% de la empresa Aguas de Avilés, cuyo accionariado comparte con el Ayuntamiento.
El PSOE presentará al Pleno de este mes de mayo la propuesta para cumplir con ese acuerdo. Para ello solicitó un informe previo a la Secretaría General del Ayuntamiento que determina cuál la mejor fórmula a utilizar. En el informe se analizan las cuatro opciones posibles para personarse en una causa jurídica.
Señala previamente que «no cabe que el Ayuntamiento se persone como defensa o como responsable civil, ya que no se ejercita frente al mismo acción penal ni civil». A partir de ahí analiza las posibilidades de ser parte acusadora y establecer en primer lugar que para ejercer la acción popular no es necesario reunir «la condición de ofendido por el delito». Pero también recoge varias sentencias del Constitucional y el Supremo que concluyen que el Ministerio Fiscal puede ejercer esa acción, de ahí que se concluya que «no cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento de Avilés ejercitase una acción popular».
En cuanto a la personación como acción civil, recuerda el informe encargado por la alcaldesa a la Secretaría Municipal que puede personarse acogiéndose a esta figura «aquel, persona física o jurídica, que ha sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción delictiva que se persigue en el procedimiento».
La otra opción, la acusación particular, recoge que «los perjudicados por un delito o falta que no hubiesen renunciado a su derecho podrán mostrarse parte de la causa como acusación particular si lo hicieran antes del a trámite de calificación del delito y ejercitar de acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniera, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones».
Entiende la Secretaría Municipal que este planteamiento de la ley establece que «por regla general, el ofendido por el delito es aquel en cuya persona recaen directa y materialmente los efectos de la acción realizada». Con todo, se concluye la propuesta que el equipo de gobierno llevará al Pleno de este mes de mayo que incluye que la Corporación acuerde «la personación del Ayuntamiento de Avilés como acusación particular en la causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo por si de los hechos que se investigan en relación con la empresa Aquagest pudieran derivarse perjuicios para este Ayuntamiento».
La jueza de Lugo Pilar de Lara investiga desde hace cuatro años las supuestas irregularidades en la concesión de contratos a la empresa Aquagest en distintos municipios gallegos y asturianos. En el caso de Avilés no hay ninguna investigación abierta sobre el proceso seguido en su día para crear la empresa mixta de gestión del agua en la que participa esta compañía y el Ayuntamiento de la ciudad. No obstante, sí existe un causa aparte abierta en los juzgados avilesinos remitida desde los de Lugo por irregularidades en la gestión de las piscinas municipales de Corvera y obras en el concejo de Gozón. Además, la jueza ha llamado como investigado a declarar al expresidente del Partido Popular en Avilés, Joaquín Aréstegui.
La propuesta que el equipo de gobierno presentará en el Pleno que se celebrará este mes incluye además de la petición de personación en la causa del Ayuntamiento, la aprobación de que se contraten los servicios jurídicos que se encargarán de la representación municipal.
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