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FERNANDO DEL BUSTO
AVILÉS.
Lunes, 2 de agosto 2021, 00:38
La plantilla de Alu Ibérica en Avilés confía en que, a lo largo de la semana, el administrador judicial nombrado por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a raíz de las diligencias motivas por la denuncia penal de la Confederación ... de Cuadros contra Alcoa, Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo, además de varios de sus directivos y colaboradores, por los presuntos delitos cometidos en la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, asuma sus responsabilidades e inicie sus funciones, algo que debería aportar luz al pago de las nóminas que la empresa adeuda a los trabajadores.
De momento, hoy nuevamente la pausa del bocadillo, de diez y media a once de la mañana, será aprovechada para llevar a cabo una nueva concentración delante de las oficinas centrales para reclamar el pago de las deudas.
Ayer, los trabajadores de Alu Ibérica en La Coruña informaron a sus compañeros del cese de servicio de portería en sus instalaciones. En el caso de Avilés, el personal de la contrata aún sigue en sus puestos, aunque la noticia provocó que todo el mundo pensase en el anuncio de Francisco de Francisco, director de recursos Humanos, en el que reclamaba voluntarios para el personal de portería y que se retiró a las pocas horas de divulgarse. Pero lo que más inquieta a la plantilla es el momento de la incorporación del administrador judicial.
A lo largo de esta semana, el abogado coruñés Ramón Juega Cuesta deberá tomar posesión del cargo de administrador judicial para el que fue nombrado el pasado miércoles. Hasta ese momento, la empresa seguirá bajo la intervención judicial que también ha decretado el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Lo cierto es que en la actual situación se acumulan las cuestiones para resolver. Por una parte, el departamento de Recursos Humanos tiene que resolver la liquidación que ha solicitado Alexandra Camacho, con un sueldo mensual de 25.000 euros, además del finiquito de Roberto Rodríguez, mano derecha de Víctor Rubén Doménech en la planta de Avilés. Además, el sindicato Comisiones Obreras ha solicitado a la Audiencia Nacional que permita que veinte millones de euros que Alcoa había reservado para inversiones en la planta de Avilés y que se encontraban bloqueados se destinen al pago de las nóminas en ambas fábricas.
El pasado sábado, el comité de empresa de Avilés reconocía la complejidad de la actual situación y expresaba su temor de que los trabajadores tarden en volver a recibir los salarios con normalidad. En este contexto, confiaban en que la incorporación del administrador judicial permita encontrar una salida a la situación de la plantilla.
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