El plan de la muralla sigue a la espera del informe de la comisión de Patrimonio

Así, los propietarios solicitan que el Ayuntamiento expropie los terrenos. Es decir, que abone una determinada cantidad económica, asuma la titularidad y ejecute la actuación tal como está prevista. En cambio, el planteamiento municipal es muy diferente.

En concreto, plantea una compensación. De manera resumida, se trata de que los propietarios cedan la titularidad de los terrenos como su aportación al desarrollo urbanístico. Finalmente, los beneficios previstos se repartirán entre los participantes. En concreto, serán los nuevos edificios que se construirán en la calle de Los Alas y Jovellanos. Según el planteamiento del gobierno municipal, los propietarios por los terrenos podrían recibir inmuebles en esa construcción o el dinero de su comercialización.

Ya en septiembre del pasado año, en el primer periodo de información pública, los afectados expresaron su disconformidad. En el recurso rechazaban el modelo de gestión urbanística propuesto. Por una parte, no lo consideran apropiado.

En opinión del abogado gijonés Miguel Guisasola no es el método más correcto, puesto que los bienes aportados por los propietarios iban a desaparecer y no habría manera de recuperarlos una vez que se terminase la actuación.

También existía una importante discrepancia en las valoraciones de los terrenos y el aprovechamiento urbanístico. Los afectados consideraban que las estimaciones municipales reducían a más de la mitad el valor de sus inmuebles, por lo que existía una radical oposición.

El Ayuntamiento no asumía esos planteamientos y, de hecho, los técnicos municipales rechazaron las primeras alegaciones. Sin embargo, la existencia de un segundo periodo de información pública les abrió la posibilidad de insistir en sus planteamientos.

Este periodo se abrió el pasado mes de diciembre por las diferentes interpretaciones sobre la necesidad de incluir un estudio arqueológico sobre la zona objeto de la actuación. Desde el Ayuntamiento se consideró que no era necesario, aunque el criterio de los técnicos de la consejería de Cultura fue que era obligatorio. De esta manera, para evitar posibles impugnaciones posteriores, se acordó repetir la información pública con el informe arqueológico que faltaba a la espera del dictamen de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.

Por tanto, se repite la situación del pasado mes de septiembre. Desde el gobierno municipal, el concejal Manuel Campa, responsable de Desarrollo Urbano, se mostraba ayer conciliador con la pretensión de los propietarios afectados.

El edil siempre ha defendido la gestión de compensación como la mejor tanto para los intereses municipales como para los propios afectados. Manuel Campa no descartó reunirse con los propietarios y sus abogados para analizar la situación y buscar un punto de encuentro que permita superar las actuales diferencias de criterio.

Y es que uno de los problemas sobre la mesa es la valoración de los bienes afectados, donde ambas partes se encuentran en posiciones muy distantes, lo que dificulta el camino para cualquier acuerdo.