El plan de liquidación de Alu Ibérica marca un plazo inicial de seis meses para vender la planta

Ese plazo podría acortarse o alargarse, no obstante, en función de cómo vaya evolucionando la situación en todos los frentes. En el caso de que en ese periodo no se hubiera recibido ninguna oferta, podría ampliarse en periodos de tres meses adicionales «hasta el momento en el que, a juicio de la administración concursal, no existieran posibilidades reales de enajenación de los activos por ausencia de interesados». De ahí se desprende que, en el caso de notar algún interés real, se trabajaría hasta lograr el objetivo.

En el caso contrario, ese plazo de seis meses también es susceptible de acortarse si se estimase oportuno. Eso podría suceder siempre que «fuese recibida una oferta que resultase satisfactoria o no susceptible de ser mejorada, a tenor de los contactos mantenidos con posibles interesados», señala la administración concursal, a cargo del abogado Miguel Gómez Gordillo, apoyado por GDP Concursal.

En principio, antes de que finalice el presente mes de abril se espera que el juzgado haya dado ya luz verde a la aplicación del expediente de regulación de empleo que supondrá el despido de los 243 empleados de la aluminera en Avilés. Sin trabajadores a los que abonar las nóminas, la sociedad se desprende de una carga que habían rechazado todos los interesados en las plantas. Ahora, una vez aprobado el plan de liquidación, comenzará otra fase, la de la venta de la empresa.

La fórmula que plantea el plan de liquidación pasa por una venta en globo que incluya la totalidad de los activos. Esa es la opción preferente. De manera excepcional se podrá contemplar, además, la venta individualizada o en lotes. En cualquier caso, los terrenos y las construcciones son indivisibles, y solo se aceptará la separación de otros bienes como las aplicaciones informáticas o las existencias que quedan en los almacenes y el aluminio en las cubas.

En el plan se recoge que, aunque el criterio priotario a la hora de adjudicar los bienes de la sociedad será el económico, en el caso de que existan dos o más ofertas «equiparables», podrá atenderse a otros criterios. De esta manera se recoge la reclamación de los trabajadores de valorar su recolocación en el futuro proyecto empresarial que se pueda poner en marcha en la planta. En ese caso, «se dará prioridad a la oferta que presente un mejor plan y compromiso de creación de puestos de trabajo y/o de recolocación de los antiguos trabajadores de la concursada», especifican.

Para que las ofertas sean equiparables, no deberán variar en más de un 10%. Ese será el límite que los administradores analizarán antes de valorar otros criterios. La vista está puesta, sobre todo, en lograr sufragar los 26 millones de euros de deuda que tiene la compañía, tal y como publicó este diario el pasado mes de marzo.

Se rechaza la posibilidad de celebrar una subasta pública por «su inoperancia y nula aportación de ventajas» a la hora de maximizar el precio obtenido por la enajenación de unos activos que se consideran «de importancia» y con un «reducido número de destinatarios objetivos».

Desde que Alu Ibérica Avilés entró en concurso de acreedores, al menos una docena de inversores se han acercado hasta los actuales administradores para manifestar su interés por las plantas. De todos ellos, la mayor parte no manifestaron posteriormente una intención real de hacerse con los bienes de Alu Ibérica, pero se cree que hay al menos tres de ellos que se consideran «serios, solventes y rigurosos» y que podrían llegar a dar un paso adelante y presentar una oferta. Hay otra media docena que han aludido a proyectos empresariales más inconcretos y que, de momento, se entiende que no entrarán en la puja por la empresa.

El plan habla de «múltiples contactos» desde la declaración del concurso», de los que el administrador ha extraído «que el mercado no ofrece interesados en continuar con el mismo proyecto industrial que venía siendo desarrollado, en el mejor de los casos solo con alguna actividad residual». Confirman así el fin de la producción de aluminio en Avilés. El interés existe, pero se reduce a los inmuebles, «con o sin posibilidad de aprovechamiento de las actuales construcciones e instalaciones». Algunos extienden su oferta además a «otros elementos integrantes del activo».

No será poco dinero el que tenga que desembolsar el futuro comprador. Aunque la cifra pueda ser notablemente inferior, la valoración que la administración concursal ha hecho de los bienes de la sociedad sea elevada. Los terrenos y construcciones de Alu Ibérica ascenderían junto con el inmovilizado material a 205 millones de euros. A esto se añaden otros 45.500 euros en aplicaciones informáticas o diez millones en existencias.

Quedarían aún en la planta hasta 6,4 millones de euros en aluminio en las cubas, además de otros 2,5 millones en distinto material en los almacenes, de acuerdo a lo que figura en el plan de liquidación. Los derechos de emisión de CO2 que el grupo Riesgo no vendió a terceros ascenderían a 620.000 euros. Estos últimos, no obstante, no se incluyen en el paquete, sino que se prevé su venta a un broker «al mejor precio que pueda ser obtenido en el momento de la transmisión».