«Yo no la obligaba a prostituirse, cada una se ganaba la vida como podía»

La pareja rumana acusada de obligar a una compatriota a prostituirse en Avilés niega los hechos imputados por la Fiscalía y, en el juicio celebrado esta mañana en el Penal Nº 1, relata que la acogieron temporalmente en su vivienda de La Carriona «por pena», que vino a España sabiendo a qué se iba a dedicar y que, una vez, aquí «yo no la obligaba a prostituirse, cada una se ganaba la vida como podía». El juicio ha quedado visto para sentencia tras la declaración del matrimonio, de dos agentes de la Policía Nacional, de una trabajadora de APRAM y de la reproducción de la declaración de la presunta víctima (testigo protegido) en la fase de instrucción.

Según aseveró la mujer acusada de maltrato y proxenetismo, «nunca» fue obligada a prostituirse y tampoco le habrían quitado la documentación, como acusa la Fiscalía. De hecho, ella «entraba y salía cuando quería», siempre tuvo teléfono móvil a su disposición como ella misma reconocía y su documentación, que según la Policía, encontraron en una bolsa de plástico supuestamente escondida tras una cómoda que había frente a la cama, se los habría dejado en la vivienda cuando se fue. «Yo la llamé para que recogiera ropa que se dejó y los papeles» y ella no acudió, según declaró en instrucción, porque creyó que «era para insultarme».

La autora del informe de APRAM (Asociación para la Asistencia Integral a las Víctimas de Trata) explicó que plasmaron en él lo declarado por la mujer que «incurría en muchas contradicciones», pero que en el mes de diciembre de 2021 llegó hasta la sede «diciendo que no aguantaba más».

La defensa de la pareja señaló que de las vigilancias de la Policía Nacional solo se podía concluir que la mujer ejercía la prostitución en la calle de Llano Ponte y que solo un día de los cuatro que se realizaron estas comprobaciones se vio que el acusado iba a recogerla. Según aseguró él mismo, fue incluso alguna vez más porque «llovía o ella había perdido al autobús».

Aunque la Fiscalía mantuvo la acusación por la que la pareja se enfrenta una pena de seis años de cárcel, el abogado Marco Suárez solicitó su libertad conforme no solo a la declaración de la testigo en instrucción en donde reconoció que vino a España sabiendo que iba a prostituirse, también contraponiendo algunos horarios y fechas en las que habrían ocurrido los hechos. Y añadió que para que APRAM facilite el traslado de la mujer a un piso de otra ciudad tiene que mediar una denuncia y por eso sus clientes estarían ahora afrontando este procedimiento.

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