El Principado abre un nuevo expediente a Arcelor por la nube que provocó baterías

El Principado ha abierto un expediente de investigación para determinar las causas que provocaron la densa nube negra que anteayer miércoles se formó sobre las baterías de cok de Arcelor. Procedía de las antorchas de las propias baterías, que según la empresa se activaron automáticamente para quemar los gases que genera la producción de cok a raíz de que la instalación de lavado, la planta de subproductos, quedase fuera de servicio durante 45 minutos como consecuencia de un corte en el suministro eléctrico.

Arcelor incide en este punto. «No hubo avería. Fue un corte de energía en toda la factoría de Avilés que activó el mecanismo de seguridad, la quema del gas en las antorchas». Afirma que aún no ha podido determinar su origen, si bien el corte no afectó a otras empresas ni al suministro doméstico.

Elena Marañón, directora general de Prevención y Control Ambiental del Principado, admite que los gases «hay que sacarlos y quemarlos para evitar problemas de seguridad». A la espera de conocer los resultados del informe, declinó especular sobre las causas del accidente. «Pudo tener relación con la edad -más de sesenta años- de las baterías o a lo mejor se debió simplemente a un corte de corriente ajeno a la instalación», dijo al respecto.

Arcelor sostuvo que no hubo peligro para la población, y los ecologistas lo contrario. Denuncian que los niveles de contaminación se multiplicaron en toda la comarca, sobremanera en Llaranes, «con una subida del 3.600% del cancerígeno benceno, de 0,39 a 11,95 microgramos por metro cúbico de aire». También se refirieron a las partículas PM10, «con picos de hasta 145 microgramos por metro cúbico de aire y medias diarias de 72, cuando la tolerante normativa española establece el máximo de cincuenta». A juicio de su portavoz, Fructuoso Pontigo, «estas fuertes subidas reflejan la gravedad del escape, una situación que desgraciadamente ya es habitual cuando se podría evitar con una alimentación eléctrica alternativa».

Las reacciones a nivel político no se hicieron esperar. Todas coinciden en la necesidad de mantener al día las baterías de cok, una instalación obsoleta con fecha de caducidad. Está previsto apagarlas definitivamente una vez alcancen su plena operatividad las que proyecta construir en Gijón, más eficientes y menos contaminantes. La entrada en servicio se anunció para el año que viene, si bien todo indica a que el plazo se ampliará, habida cuenta de que su construcción aún no se ha iniciado.

El portavoz del gobierno local, Luis Ramón Fernández Huerga, reclamó a la Consejería de Medio Ambiente que, además de investigar las causas y las posibles responsabilidades, realice «un seguimiento de las labores de mantenimiento de la planta de baterías hasta que su parada efectiva. Que su cierre esté próximo no significa que no tengamos que estar atentos y diligentes en el cumplimiento de la norma», señaló. También apeló «a los perjuicios que estos sucesos provocan a la población y a la ciudad en su conjunto. Por eso pedimos al Principado que sea diligente en el control y a la empresa que cumpla las labores de mantenimiento propias de una instalación de este tipo».

Podemos solicitó a través del diputado regional Héctor Piernavieja que se acelere «todo lo posible la tramitación de los planes de calidad del aire». El episodio del miércoles «es uno más de una larga lista. La reincidencia preocupa, porque no solo compromete la salud de las personas y del medio ambiente, también el futuro de los empleos que están sostenidos por esta industria contaminante».

La formación que representa analizará «las posibilidades de llevar al seno de la Unión Europea la situación que vivimos», producto, aseguró, «de la falta de inversiones para tener una industria más sostenible». Al hilo, Arcelor anunció recientemente un plan ambiental que contempla inversiones en materia medioambiental por importe superior a ochenta millones de euros que se suman a los 120 que costarán las nuevas baterías de Gijón, que también contarán con antorchas como medida de seguridad. «No hay alternativa», reitera la empresa.

IU también expresó ayer su «condena e indignación. No es un caso aislado. Prácticamente cada mes vivimos alguna situación de fuga de gases, vertidos a la ría u otros altercados en las instalaciones que repercuten negativamente en la población y en la ciudad. Las baterías están desfasadas, y que esté previsto apagarlas no es excusa para no acometer las inversiones necesarias para evitar estos episodios. La empresa no quiere tomar las medidas necesarias y el Principado mira para otro lado», aseveró su portavoz municipal, Llarina González Nuevo.

Ciudadanos se expresó en términos similares. «Son demasiados incidentes. Las baterías son viejas y están abandonadas, pero mientras haya actividad fabril hay que estar pendientes de ellas. Que nos digan que la planta se quedó sin tensión eléctrica resulta difícil de creer. ¿Es que no tienen sistemas de emergencia alternativos?», se preguntó su portavoz, Carmen Pérez Soberón.

El expediente que anuncia el Principado se suma a otros muchos. El último conocido, el relativo al escape de gas tóxico del pasado abril, cuyas conclusiones aún no se han hecho públicas. Según anunció entonces Medio Ambiente los incumplimientos en los que ha incurrido Arcelor desembocaron en la apertura de seis expedientes sancionadores en 2015, ocho en 2016 y cinco en los primeros cuatro meses de 2017.