La negociación de las ordenanzas dirimirá si se mantiene el recibo medio del IBI o sube un 2%

La primera reunión con Ciudadanos, aunque en teoría era una toma de contacto para explicar por parte del gobierno municipal la capacidad de ingresos, sirvió ayer para conocer la hoja de ruta de la negociación que se prolongará la próxima semana con el resto de la oposición. Ciudadanos ha sido el socio preferente del PSOE para negociar las ordenanzas y los presupuestos en los últimos años, y todo hace pensar, salvo sorpresa, que se repetirá el guion.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López, puso ayer sobre la mesa dos escenarios en cuanto a la impopular 'contribución', el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que tanto preocupa cada año a los propietarios. Uno de ellos pasa por dejar el tipo tal y como está, congelarlo, lo que en la práctica supondría una subida del recibo medio de un 2%. La otra, la más favorable para los propietarios pero que supone una merma de ingresos municipales, sería forzar una modificación a la baja para congelar el recibo. Es decir, que se pagaría lo mismo que este año. En principio, a Ciudadanos le gusta más esta opción.

El acuerdo con la formación naranja el año pasado supuso la bajada del tipo al 0,006659. Cualquier variación, por mínima que sea, en el IBI supone una merma de ingresos a la hora de afrontar la elaboración del presupuesto del próximo año. En concreto, ese acuerdo de bajada en vez de congelar el tipo del año anterior supondrá en el cobro de la 'contribución' de este año de 77.000 euros menos, lo que tiene repercusión en el cálculo presupuestario.

Hay que recordar que de no haberse impulsado hace un par de años la petición de una rebaja en el valor catastral finalmente aprobada por el Estado, la subida sería todavía mayor, en torno al diez por ciento, en el caso de que no se modificase el tipo que se aplica.

En cuanto al resto de ordenanzas, la idea que maneja el gobierno local es mantener como están los precios públicos y flexibilizar aquellas tasas que tienen una repercusión directa con los sectores más desfavorecidos con la pandemia. Sobre todo la hostelería, donde se adaptará la ordenanza de terrazas para, si fuese necesario, suprimir el cobro por cuestiones sobrevenidas relacionadas con la covid, o modificar las tasas en función de las restricciones que se pudieran adoptar por razones sanitarias.

También habrá una reducción de las tasas que se cobran por ocupación de metro cuadrado de calle por sillas y mesas, de forma que, aunque se ha duplicado el espacio de la mayor parte de ellas para garantizar la seguridad sanitaria, los hosteleros seguirán pagando lo mismo.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López, tuvo ayer como interlocutores en Ciudadanos a la portavoz del partido naranja, Carmen Pérez Soberón, y al concejal Javier Vidal. Para la formación naranja, la mirada este año tiene que ser más a largo plazo que nunca, ya que la crisis económica provocada por la pandemia va a tener un impacto no solo el año que viene, sino que también va a golpear «fuertemente» en 2022. «Hay que pensar más en el largo plazo que nunca y con variables que no podemos controlar», aseguró Javier Vidal.

En cuanto a la posición de Ciudadanos sobre las ordenanzas, tasas e impuestos, añadió que su partido se mueve «entre la rebaja y la congelación de grandes impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) y tenemos siempre presente la responsabilidad fiscal. Aunque apostamos por la contención de los impuestos y precios públicos, hay que seguir prestando servicios a los ciudadanos y, como sabemos, la pandemia está obligando a las entidades locales a aumentar enormemente el gasto público».

La negociación fiscal se complica también, según Ciudadanos, por una serie de incertidumbres que se plantean a nivel estatal. «No tenemos claro cuáles son los criterios que marca el Ministerio de Hacienda. Hoy -por ayer- entramos a la reunión en un contexto de trabajo en el que no se permitía a los ayuntamientos tener déficit y salimos con el comunicado de Hacienda que deja gastar sus ahorros a los consistorios aplicando la cláusula de salvaguarda».

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno central se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles.

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018.

También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Otra gran preocupación para la formación que lidera en Avilés Carmen Pérez Soberón es la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), «que dadas las circunstancias puede caer de forma importante y poner en peligro la suficiencia financiera de los ayuntamientos».