El Ministerio de Industria está comenzando a trasladar al administrador concursal de Alu Ibérica Avilés, el abogado ovetense Miguel Gómez Gordillo, el interés de inversores en hacerse con las instalaciones de la fábrica avilesina. Así lo aseguró esta mañana el consejero de Industria, Enrique ... Fernández, en una comparencia junto con el director general de Industria, Juan Carlos Aguilera. «El trabajo ya ha comenzado y esta semana habrá un primer encuentro entre el Ministerio, el Principado, el administrador concursal y uno de los inversores españoles interesados», desveló Fernández, que no aportó más datos por la «confidencialidad» exigida y el riesgo de que la presión mediática fruste la posible inversión. Aunque lo que sí desveló es que operan en el sector industrial y del aluminio.
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Fernández recordó que el proceso concursal «marcaba los ritmos» y que el administrador concursal se encontraba en un plazo de tres meses para analizar la situación de la empresa y valorar sus activos. El consejero defendió esta mañana la gestión del gobierno asturiano en la crisis de Alu Ibérica, asegurando que el principal responsable era la multinacional Alcoa, «junto con sus cómplices Parter Capital y el Grupo Riesgo, que actuó de manera deshonesta y saboteó los intentos de mantener la actividad». Enrique Fernández también recordó que había tomado posesión de sus actuales responsabilidades el 25 de julio de 2019 y el 31 de ese mes se firmaban la venta de las dos plantas a Parter Capital. «Fuimos los últimos en llegar y los primeros en alertar sobre la situación», aseveró.
De cara al desarrollo futuro, avanzó que alguno de los cinco proyectos industriales presentados plantea recuperar las líneas de electrólisis, «si bien reconocen que en el actual contexto energético es muy díficil». También aseguró que el Ministerio de Industria había puesto a disposición de los inversores diferentes líneas de ayudas y que el criterio fundamental en la eleción del nuevo accionista será la prioridad en la contratación del personal de Alu Ibérica. Fernández recordó la reunión de ayer miércoles en el Ministerio de Industria y señaló que todos los inversores ponen como condición la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo que suponga el despido de toda la plantilla. «Es la lógica de las empresas y que no compartimos», asegurando que es una situación «dolorosa» para el gobierno, «que nunca ha ocultado la verdad a los trabajadores y siempre ha apoyado al comité de empresa en la medida de nuestras capacidades y recursos».
En este sentido, negó las acusaciones de mentir que se le vienen formulando en los útlimos días. «Entiendo la situación de dolor y frustración de los trabajadores y sus familias. La actual situación no es del agrado del gobierno ni de los ayuntamientos de Gozón ni de Avilés. He intentando descifrar dónde está el fundamento del engaño y no lo encuentro. Dije que había inversores y los hay; en la medida de nuestras competencias les hemos apoyado y ayudado. Siempre les hemos dicho la verdad, aunque fuese dolorosa», concluyó.
Por último, Enrique Fernández expresó su tranquilidad ante la reprobación que se votará en la Junta General del Principado después de que el consejo de gobierno aprobase esta mañana su petición de comparecer en el parlamento asturiano para informar de la gestión en la crisis de Alu Ibérica. «Yo, al que reprobaría, sería al consejero delegado de Alcoa, que tiene en su poder desbloquear los procesos judiciales abiertos, como el laboral, y facilitar el cobro de las indemnizaciones», aseguró. Además, reprochó a los grupos políticos que «quieren aprovecharse del dolor generado en esta situación para instrumentalizarlo con el único objetivo político de desgastar a este gobierno».
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La asamblea de trabajadores de Alu Ibérica acordó este mediodía «mantener la presión» y seguir con el calendario de movilizaciones previstas para lograr mantener el empleo en la fábrica. El comité de empresa mantuvo una reunión esta mañana con el grupo parlamntario de Podemos, que les trasladó su respaldo. Desde el comité se les recordó su presencia en el gobierno central y reprochó la falta de un compromiso claro del gobierno central.
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