El Ministerio de Trabajo se compromete a llevar a cabo inspecciones exhaustivas en Alu Ibérica

De momento, la Inspección de Trabajo, ante la que los comités denuncian las irregularidades o incumplimientos flagrantes del convenio o normativa de seguridad, ha abierto sendos expediente sancionadores a Alu Ibérica, por la falta efectiva de trabajo y por los impagos de la compañía. Además, tiene pendiente de resolver el último presentado, hace un mes, por un cúmulo de circunstancias, principalmente carencia de material para desempeñar el tajo en condiciones.

Según explicaron los representantes sindicales a la salida de la reunión celebrada ayer por la mañana en Madrid, Martínez Barbero escuchó la descripción que realizaron sobre la actual situación de la fábrica, el proceso irregular de reventa y los incumplimientos de Alu Ibérica respecto a los compromisos adquiridos por Parter.

La directora general de Trabajo, gijonesa de nacimiento y asentada profesionalmente en Galicia antes de recalar en el ministerio, conocía bien la situación de las fábricas en la que ella misma identificó un claro «incumplimiento» de lo que consideró un «gran acuerdo», en referencia al firmado por Alcoa y Parter para la venta de las dos fábricas de aluminio en Avilés y La Coruña y que ha quedado en papel mojado.

Verónica Martínez Barbero aseguró que estaría pendiente de la situación, pero sin prometer nada más allá de lo enunciado en primer lugar, porque si algo dejó claro fue su límite competencial. En este sentido, el comité de empresa agradeció la atención y la voluntad de la directora, pero de quien de verdad esperan una llamada para convocar una reunión de la que puedan salir acciones y medidas concretas es del Principado y de su Consejería de Industria, a quienes siguen demandando la convocatoria de una mesa con la participación de todas las administraciones.

De momento, no tienen en agenda ninguna otra actuación, tampoco una reunión con el Ministerio de Industria, cuyos responsables aseguraron la semana pasada que organizarían un encuentro para abordar la delicada situación de la empresa. Es por ello que los representantes expresaron su intención de no dejar que el asunto caiga en el olvido porque estamos «en un momento crucial», como lo definió José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité. «Tenemos que apretar y ver qué y cómo podemos hacer», planteó.

El de ayer fue el segundo desplazamiento a Madrid en menos de una semana. El anterior fue para concentrarse ante la sede del Ministerio de Industria, a cuyas puertas consiguieron que saliera el secretario de Estado y el directora general de Industria, Raúl Blanco y Galo Gutiérrez, respectivamente, con el resultado antes comentado. Los representantes sindicales no ceden al desaliento, curtidos además como están en esta larga batalla, y en su lugar denuncian públicamente cómo las instituciones que se comprometieron a velar por el cumplimiento de la venta de Alcoa están ahora mirando hacia otro lado y el presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha respondido a ninguna de las tres peticiones de reunión que le han planteado.

La planta de San Balandrán cuenta con el apoyo de todo el arco parlamentario regional, pero el más renuente es precisamente el que podría ser determinante. El consejero de Industria ha exhibido un tibio apoyo a las demandas del comité de empresa de Alu Ibérica, pero sin mostrar una defensa activa de la actividad en la factoría. En este sentido, la representación de los trabajadores no deja de repetir que quiere reunirse con el consejero, con el que ya ha mantenido un encuentro telemático, que es necesario convocar una mesa para abordar el futuro del sector en la región y que se debe presionar al Gobierno de la nación para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) asuma el control de la compañía.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, anunció la semana pasada, en coincidencia con la concentración de los sindicatos ante el Ministerio de Industria, en Madrid, que el gobierno asturiano «está presionando políticamente» a Alcoa para que revierta la venta de su planta Avilés al Grupo Industrial Riesgo y, de esa manera, asegurar el futuro de la actividad. Afirmó que es la única herramienta del Principado y que es viable.

Los trabajadores censuraron este anuncio, que incluso ponen en duda dado que nunca se les ha trasladado nada, y recordaron que los que mejor conocen la situación de la factoría son ellos, por lo que echan de menos un contacto más o menos directo.

Cabe recordar que Alcoa en España denunció ante la justicia la venta de sus instalaciones al Grupo Industrial Riesgo al considerar que el fondo Parter Capital Group ha incumplido las condiciones pactadas en el proceso de enajenación de las plantas de Avilés y La Coruña. En su defensa alega que la operación de venta fue «transparente» y contó con el apoyo del Gobierno.