El Ministerio de Energía plantea reducir a cinco meses la duración de la subasta eléctrica

La interrumpibilidad es una herramienta para la gestión del sistema eléctrico. El operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), adquiere a las empresas paquetes de potencia que podría paralizar a lo largo del año a cambio de una compensación económica.

Sin embargo, el origen del sistema se encuentra más en la necesidad de compensar a las empresas con grandes consumos de energía o electrointensivas. Sin embargo, la necesidad de respetar la legislación europea que prohibe las ayudas a las empresas motivó que el gobierno del Partido Popular idease un sistema competitivo para beneficiar a las compañías.

De esa manera nacía la subasta de derechos de interrumpibilidad con el objetivo de apoyar a a empresas donde el coste energía resultaba fundamental sin tener problemas con la Unión Europea. Más aún cuando en 2013, la devolución de las ayudas al Estado italiano provocó el cierre de la planta de Alcoa en Fusina.

La aluminera es, en la actualidad, una de las plantas de la comarca más expuestas al coste de la energía, pero esta variable resulta fundamental en las cuentas de Asturiana de Zinc y también en ArcelorMittal. Son tres de las compañías de la comarca que acuden anualmente a la subasta. De hecho, en los malos resultados logrados por Alcoa-España en la primera subasta de 2014 para la campaña 2015 provocaron que la dirección plantease el cierre de las instalaciones. Desde entonces, ayuntamientos, sindicatos y empresas han venido reclamando una convocatoria a largo plazo que prime la estabilidad y permita que las compañías planifiquen su actividad.

En esta situación, en la tarde del pasado martes, 3 de octubre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, subió a su web el borrador de la Orden Ministerial que modifica la subasta en la que se asigna la gestión de derechos de interrumpibilidad.

Aunque se trata de un borrador, y por tanto no es definitivo, el principal cambio es la reducción del tiempo de concesión de los derechos de interrumpibilidad. En 2015, 16 y 17 era de un año y, a partir del próximo ejercicio, el Ministerio plantea cinco meses, si bien se abre la posibilidad de nuevas convocatorias en el caso de que fuese necesario.

Entre las razones que aporta se encuentra la consideración de que responde mejor a las necesidades del mercado energético y, también, la situación de transición a un nuevo modelo energético en el que trabaja la Comisión Europea.

No es el único cambio que introduce. El borrador asume un nuevo motivo para aplicar la interrumpibilidad. Hasta la fecha se debía a las necesidades del mantenimiento del sistema, como sucedió el pasado lunes, cuando se cortó el suministro durante tres horas. A partir de 2018, se incorporan las causas económicas. De esta manera, si en un momento hubiese un aumento de los precios, se trataría de reducir la demanda.

El documento incorpora otras dos novedades. Así se elimina una de las tres formas de aplicar la interrumpibilidad, y se suprimen los preavisos de dos horas para dejar únicamente los de quince minutos e inmediatos.

El paquete de reformas concluye con que las empresas adjudicatarias de los paquetes paguen el coste de organizar la subasta que, hasta la fecha, era asumido por Red Eléctrica. El documento fija que deberán abonar 225 euros por cada megavatio concedido.

Además, se aclaran los criterios de consumos para que las compañías puedan participar mediante las sanciones a quienes no cumplan los fijados para participar en la convocatoria y que beneficia a las electrointensivas.

El plazo de presentación de alegaciones concluye el próximo 13 de octubre. Desde la multinacional Alcoa se aseguró ayer que «la dirección analiza el borrador» y que el objetivo es participar en la convocatoria para conseguir los paquetes necesarios para mantener la actividad en sus tres plantas de aluminio primario. En función de su estudio, la empresa decidirá si presenta alegaciones o no.

Por su parte, los sindicatos comarcales y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, expresaron su sorpresa por los contenidos del borrador. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recordó que la comarca es la «más afectada de todo el país por la existencia de industria electrointensiva. Es un sector fundamental por su importancia en el empleo y en las inversiones. Necesitamos un sistema garantista y con futuro, no a corto plazo», afirmó.

Por su parte, José Manuel Baltar, secretario comarcal de Comisiones Obreras, denunció que esta propuesta «no arregla el problema que tenemos y avanza en dirección contraria a lo que pedimos. Demuestra el desconocimiento existente de la industria electrointensiva». Su homólogo en UGT, Iñaki Malda, denunció que «la propuesta empeora un sistema que, por sí ya es malo. Ahora ya no van solo contra las familias, también contra las empresas».

También los principales sindicatos de la fábrica de Alcoa, una de las más afectadas, comentaron su malestar. Daniel Cuartas, presidente del comité de empresa, calificó la propuesta como «un despropósito» ya que se encuentra «en la dirección contraria de lo que veníamos reclamando. Es una vergüenza, es indignante ya que aumenta la incertidumbre para los trabajadores y la propia empresa».

José Manuel Gómez de la Uz, de la sección sindical de Comisiones Obreras en la empresa, recordó el rechazo al sistema de subasta que su sindicato siempre ha mantenido. «Es un borrador y debemos esperar en lo que queda. Hay elementos positivos, como que señalen que es una prórroga hacia un sistema más estable. Esperemos que este sistema sea mejor», comentó.

De la Uz también destacó la propuesta de incrementar las sanciones a las empresas que no cumplen los mínimos de consumo, algo que en teoría debe favorecer a la industria electrointensiva, y la aplicación de interrumpibilidad para frenar el incremento del precio de la electricidad. «Es una forma de ayudar a las familias», apuntó.