La Mesa por la Industria reclama un plan de futuro en Saint-Gobain y Alu Ibérica

Sobre la antigua Alcoa, esta mesa, en la que sientan los alcaldes de la comarca, la Cámara de Comercio y los dos sindicatos de mayor representación, reclamó al Gobierno de España que «vele porque se lleve a cabo un proyecto viable y estable que garantice el empleo y las condiciones pactadas entre Alcoa y Parter hace un año».

La sorpresiva venta al grupo industrial Riesgo, el pasado mes de abril, de los activos que el fondo suizo Parter Capital había comprado a Alcoa abrió una nueva crisis en la aluminera que todavía no se ha solucionado. El Principado viene expresando su falta de confianza en los nuevos propietarios de las fábricas de Avilés y La Coruña. Además de mostrar «sospechas de la actividad liquidadora» del grupo inversor tras detectarse la salida de material hacia destinos desconocidos. Algo que también vienen denunciando los representantes de los trabajadores, que han comenzado de nuevo movilizaciones reclamando la intervención del Ministerio de Industria para garantizar el futuro de las fábricas avilesina y gallega.

Precisamente en esa misma línea se manifestaba ayer la mesa institucional constituida en Avilés para defender la industria, base de la economía comarcal. El presidente de la Cámara de Comercio insistía en la necesidad de intervención del Gobierno, «dentro de sus posibilidades», matizaba. Creen los alcaldes comarcales, los empresarios y los sindicatos que la nueva propiedad debería garantizar que se cumplen las condiciones ya pactadas «basadas en la seguridad jurídica y la competitividad con garantía de futuro».

Además, la Mesa por la Industria apelan también a la «responsabilidad» de las dos compañías implicadas en el primer proceso de venta, Alcoa y Parter. Les recuerdan su «responsabilidad para el cumplimiento de los acuerdos pactados hasta 2021».

A finales de julio, en el documento firmado entre Alcoa y el fondo suizo, que dio lugar al nacimiento de Alu Ibérica, se garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo hasta 2021. A partir de esa fecha, todo dependería, por un lado, de la facturación y, por otro, de que se volvieran a arrancar las series de electrólisis, que son las instalaciones donde se produce el aluminio primario y que le otorgan a las factorías su carácter electrointensivo.

A los problemas que arrastra desde hace ya algunos años la aluminera se han sumado en los últimos meses los de la cristalera Saint-Gobain, afectada especialmente por el parón de la actividad por la crisis sanitarias, especialmente en el sector del automóvil.

La Mesa por la Industria de la Comarca de Avilés también expresó ayer su preocupación por su futuro. «Hemos acordado el seguimiento de Saint-Gobain a la vez que tener conocimiento de su plan de empresa para los próximos años», afirmó el presidente de la Cámara de Comercio. La dirección de la multinacional viene trasladando en las últimas semanas a los sindicatos la dificultad de hacer previsiones a medio plazo ante el cúmulo de incertidumbres existentes.

Los trabajadores de la cristalera dieron esta misma semana el visto bueno a un nuevo ERTE en la planta de Sekurit que se aplicará desde el 13 de julio al 20 de diciembre. La empresa asumirá el 78% de la retribución bruta. Además, la reducción de jornada no afectará ni a las vacaciones ni a las pagas extraordinarias.

En la reunión de la Mesa por la Industria de la Comarca de Avilés se abordó otra de las grandes preocupaciones para garantizar el futuro de la industria, el nuevo estatuto eléctrico. Sobre él, acordaron «instar al Gobierno de España que tenga en cuenta las alegaciones del Gobierno de Asturias encaminadas a diferenciar entre las empresas megaelectrointensivas y las electrointensivas». Las primeras tienen en la comarca y en España «un carácter estratégico», defiende este consejo institucional. Y consideran básico que el estatuto eléctrico les confiera un carácter diferencial para así poder mantener su competitividad y también el empleo. El estatuto de consumidores electrointensivos tiene pendiente la aprobación del decreto que lo desarrolle y se espera que pueda hacerse antes del final del verano.