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Vista general de parte de las baterías de cok y sus dos gasómetros. MARIETA
La Junta rechaza la petición de Podemos de paralizar el plan de las baterías de cok

La Junta rechaza la petición de Podemos de paralizar el plan de las baterías de cok

La formación morada instaba al Principado a detener la demolición hasta que hiciese un estudio del valor patrimonial

ALBERTO SANTOS

AVILÉS.

Jueves, 30 de enero 2020, 01:00

Los partidos representados en la Junta General del Principado rechazaron ayer la propuesta de urgencia de Podemos para paralizar el plan de derribo de las baterías de cok hasta que se hiciera un estudio del valor patrimonial de las antiguas instalaciones de ArcelorMittal en Avilés.

La solicitud solo contó con los votos favorables de la formación morada y de IU. El diputado de Foro Pedro Leal se abstuvo votó en contra. La propuesta instaba al Principado a llevar a cabo «un estudio de valor patrimonial y de usos alternativos de las instalaciones de las antiguas baterías de cok de Ensidesa situadas en Avilés», así como a «detener el proyecto de demolición hasta la realización de dicho estudio, en base a la Ley de Patrimonio Cultural, que en su artículo 76 señala como bienes que deben ser estudiados y valorados por su interés histórico industrial de manera específica las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción industrial mediante procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, tales como chimeneas o gasómetros».

Esta propuesta, de salir adelante, hubiese significado la paralización del plan de Sepides presentado hace quince días en Avilés, que tiene ya unos plazos ajustados para agilizar la demolición y urbanización del suelo de las baterías. De hecho, en febrero está prevista la licitación del proyecto y ejecución de las obras de demolición, además de tramitar la petición al Ayuntamiento de Avilés para aprobar en el Pleno la modificación de la calificación de los usos de esos terrenos en el Plan General de Ordenación Urbana.

Izquierda Unida, socio de Podemos en el Ayuntamiento, también votó en contra

Cuatro años

La hoja de ruta de la sociedad estatal fija en la segunda mitad de 2022 el comienzo de la urbanización del nuevo polígono, que estaría finalizado a finales del año siguiente. En cuanto a la conservación de elementos de las baterías, Sepides ha realizado su propio estudio, tanto de su valor como de su estado y de las condicionantes que supondría para el desarrollo industrial de los terrenos. La conclusión es que, 'a priori', no se conservará ningún elemento, aunque ha quedado abierta la opción de estudiar si alguno de los edificios de la siderúrgica podría ponerse al servicio de la actividad económica que se pretende desarrollar en el polígono.

De hecho, el presidente de Sepides, Antonio Cervera, citó como ejemplo que «si se decide que hace falta que haya naves nido en parte de ese suelo, pues miraríamos si se pueden ubicar en los almacenes generales de las baterías». Además, también explicó la dificultad técnica y económica de conservar otras instalaciones como son los gasómetros. La empresa pública solo llegó a plantearse el mantenimiento de uno de ellos, pero Cervera puntualizó que «el coste de mantener un gasómetro sería difícil de conjugar en esta operación» en la que, según dijo, hay que hacer un «cóctel» del coste económico, social y urbanístico en beneficio de que nuevas empresas puedan instalarse y «crear riqueza y empleo» en la ciudad.

Opciones abiertas

La empresa que se contrate para la redacción del proyecto de desmantelamiento será la que realice el estudio y «puede ver elementos a conservar» en función de los posibles usos del suelo. Pero en cuanto al gasómetro, Cervera fue muy claro, el único que se podría conservar es el 2, porque el 1 está situado sobre un espacio clave en las comunicaciones del nuevo polígono. Y según indicó ya ArcelorMittal, «los dos están supercontaminados, pero este segundo está lleno hasta más de la mitad de mil cosas, y por tanto habría que descontaminar, desmantelarlo y luego volver a construirlo».

Según datos facilitados por el presidente de Sepides, el último que se desmanteló tuvo un coste de 600.000 euros. «No es patrimonio industrial y, si estamos hablando de ser competitivos, hay que ser realistas», afirmó. Por competitivos se refirió a los precios finales de las parcelas, ya que la intención de Sepides es que «no sean competitivos, sino muy competitivos», de ahí la importancia de ajustar costes en el desarrollo del proyecto.

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