El juicio del 'caso Aquagest' en Corvera no comenzará hasta octubre de 2019

La Fiscalía solicita un total de 46 años para los once encausados por distintos delitos, entre ellos falsedad en documento privado, estafa y cohecho, supuestamente cometidos en el marco de una serie de obras realizadas en las piscinas municipales de Corvera, inauguradas en 2009, y en la concesión de la gestión de la instalación a Aquagest.

Entre ellos figuran el exalcalde del concejo, Luis Belarmino Moro, de la USPC, y dos exconcejales de su gobierno, la de Hacienda, Belén Toro, del mismo partido, y el de Urbanismo, Luis Solares, del PP. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos tres años de cárcel por un presunto delito de fraude en concurso con otro de prevaricación administrativa.

La peor parte se la llevan Miguel Ángel Villalba, expresidente y exconcejal en el Ayuntamiento de Avilés por la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), y su hermana Elena, igualmente exconcejala en el mismo Consistorio. Ambos se enfrentan a una petición de siete años de cárcel y a una multa superior a medio millón de euros cada uno como supuestos autores de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y de cohecho.

La madre de ambos, María Elena Menéndez, y el novio de Elena, Valverde, también figuran en el escrito de acusación, con una petición de cuatro años para cada uno. En el primer caso por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de cohecho y en el de Valverde, al entender que «participaba en el entramado de las empresas de los hermanos Villalba».

La Fiscalía también reclama tres años de prisión para Henry Liaño, exdirector para la zona Norte de Aquagest, como cooperador necesario de un delito de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, y cuatro para otros tres directivos de la empresa. Completa la relación la propia Aquagest, con una solicitud de medio millón de euros de multa por un delito continuado de cohecho

Según el Ministerio Público, entre 2009 y 2011 Miguel Ángel Villalba «ideó» junto a su hermana Elena «un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar las actividades de su partido a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas».

Moro, Solares y Toro habrían adjudicado a Aquagest el contrato de gestión de las piscinas de Corvera «por razones o contraprestaciones que no constan y sin tener en cuenta el posible perjuicio económico para el municipio al rechazar otras ofertas», mientras que Henry Liaño lo habría firmado «a sabiendas de las irregularidades cometidas».

Al exalcalde de Corvera se le acusa igualmente de conocer los pagos que la empresa realizaba a Miguel Ángel Villalba, «con el que llegó a compartir formación política en las elecciones de 2011», en referencia al partido político IDEAS, que se presentó a las elecciones autonómicas.

También figuran como investigados en el marco del caso Aquagest, aunque en otra rama del entramado, Carmen Vega, exconcejala del PP en Avilés, y Joaquín Aréstegui, su marido y expresidente de la junta local de este último partido, cuyo caso está en proceso de instrucción en un juzgado de Lugo.