Los interventores de Alu Ibérica vetaron compras de materia prima por 5,3 millones de euros

De hecho, los funcionarios designados por la Audiencia Nacional remitieron un informe a la jueza María Tardón sobre esa operación que no se autorizó ante la previsión de que los gestores del Grupo Industrial Riesgo intentasen solicitar directamente la autorización ante el tribunal que decretó la intervención judicial.

El veto no se debió a una sola causa, sino a un cúmulo de despropósitos en la gestión del Grupo Industrial Riesgo que, por lo que se está viendo, no respetó los criterios de la intervención judicial dictada por la jueza.

Así, el primer punto que provocó la negativa fue la ausencia de certificaciones de que la empresa a la que se compraba (Bryant Commerce Trading o BTC Metals) tuviese relación con el Grupo Industrial Riesgo o sus administradores. Era algo que se debía evidenciar en todas las operaciones mercantiles que se realizasen.

Tampoco aparecen registros de más ofertas. En los manuales operativos de Alcoa, en este tipo de operaciones se solicitaban, al menos, tres propuestas a diferentes vendedores para lograr la más interesante para la compañía. La única oferta en este caso es la presentada por BTC Metals. No es la única irregularidad en la gestión administrativa que aprecian. Los interventores señalaron que desde el Grupo Industrial Riesgo se envió la documentación incompleta, además de escanear copias, cuando el procedimiento de supervisión obliga a trabajar con originales.

Además, en el contrato los interventores detectaron diferentes vaguedades fomentadas por la ausencia de memoria justificativa y el uso de terminología sin un mínimo rigor.

Así, cuando los administradores trataron de justificar la operación ante los interventores aludieron a la necesidad de la provisión de chatarra para la empresa. Sin embargo, en la documentación remitida a BTC se refiere al suministro de aluminio primario.

No es el único ejemplo que presentan en su informe. El contrato fija el precio según las cotizaciones del Mercado de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés). Los interventores no cuestionan ese criterio, pero alertan de la falta de documentación que justifique que el precio que se paga es el fijado por LME ni se acreditan los criterios con los que se realizan las simulaciones de la evolución futura de las cotizaciones.

Otro motivo de preocupación es la prima de 293 euros (350 dólares) por tonelada que se añade al precio fijado en el LME, sin que se justifique, y que implica un importante sobre coste para Alu Ibérica.

Un aspecto que preocupa a los interventores es la vigilancia del patrimonio de Alu Ibérica y el intento de realizar esta operación alimentó sus temores. Como se sabe, desconocían de datos fiables sobre la situación financiera de Alu Ibérica, ya que los administradores del Grupo Industrial Riesgo no les habían transmitido documentación exacta de las cuentas bancarias existentes.

En este caso, solo contaban con una declaración de Alexandra Camacho en la que asegura que la compañía dispone de capacidad para asumir esos pagos. Sin embargo, ni en el organigrama remitido ni en ningún documentación, ella aparece como directora financiera de la empresa. De ahí que se dude de la certeza de sus expresiones.

Pero las sospechas de los interventores no terminan ahí. En su trabajo, confirmaron que BTC había declarado unos ingresos de explotación de veinte millones de euros en 2018 y 29,2 millones de euros, en números redondos, en 2019; con lo que esta operación podría representar entre el 18% y el 26% de su facturación anual en un único mes, lo que representa «una concentración relevante de facturación en un solo cliente». Además, Alu Ibérica focaliza en una única empresa una parte importante de sus aprovisionamientos, lo que también representa un riesgo importante.