Los interventores de Alu Ibérica solo localizaron seis cuentas bancarias con un saldo de 25 euros

Así, las cuentas de Alu Holding AC y Alu Holding Av 2019 Spain «se encuentran totalmente inactivas, teniendo cómo únicos movimientos en los últimos doce meses la comisiones de gestión que carga la entidad financiera, por importes nunca superiores a los veinticinco euros», señalan. Iberian Green Aluminium se encarga de hacer la transferencia necesaria para asumir ese gasto.

Respecto a Alu Ibérica Av y Alu Ibérica LC, las sociedades jurídicas encargadas de la gestión de las factorías de Avilés y La Coruña respectivamente, los interventores solo recibieron del Grupo Industrial Riesgo la documentación que certifica que cada empresa dispone de dos cuentas, cada una en una entidad diferente. Sin embargo, no se facilita ninguna información, datos sobre los saldos ni los movimientos a lo largo de este año.

Se trata de uno más de los incumplimientos en la obligación de informar a los interventores del Grupo Industrial Riesgo que, de manera contraria a lo que habían declarado, se han negado a colaborar con la justicia. La intervención judicial fue decretada el pasado 4 de mayo por la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, y que instruye la denuncia penal presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales por un presunto delito de estafa, entre otros, en la venta de las fábricas de aluminio primario de Alcoa en Avilés y La Coruña.

A pesar de esas dificultades, los interventores se han hecho a lo largo de este mes con un retrato fiel de la situación de la fábrica. Así, aseguran que ambas instalaciones se encuentran «al 25% o 30% de su capacidad productiva», tal como ellos mismos «constataron durante sus visitas sin previo aviso a las plantas».

También descubrieron otras contradicciones entre las declaraciones del Grupo Industrial Riesgo y la realidad de las fábricas. Así, en la visita a La Coruña confirmaron que no existía ningún horno de control de calidad de la chatarra a pesar de que, en junio del pasado año, desde la empresa se había anunciado su compra como primer paso en su «ambicioso» proyecto industrial.

En realidad, el único equipo llegó a Avilés, pero desde la fábrica gallega nunca se remitieron muestras para su examen. Incluso los técnicos aseguraron desconocer un cuadro de calidad remitido por la dirección a los interventores. Esta documentación se ha trasladado a la jueza instructora para que estudie si se considera como prueba para un presunto delito de falsedad documental.

Así las cosas, los funcionarios nombrados por la jueza consideran que existe un riesgo real de que las sociedades se encuentren «en una situación de insolvencia real o inminente», y solicitan que se de un paso más, hacia una administración judicial que pueda declararlas en concurso de acreedores.

El trabajo de investigación también permitió detectar el contrato de septiembre de 2020 entre Logiplus WorldWide y ambas empresas denominado «contrato marco de gestión de compras y suministros». Por él, Logiplus, empresa vinculada a los imputados en el proceso penal, según destacan los interventores, se asegura el control exclusivo de todas las compras de suministros y material de Alu Ibérica. En la práctica, supone un aumento del coste del 10%, si bien en el contrato de la limpieza podría alcanzar el 34% «con el consiguiente daño para el patrimonio de la sociedad». De ahí que piden la administración judicial para cortar esa forma de gestionar la compañía.