RUTH ARIAS
AVILÉS.
Miércoles, 22 de mayo 2019, 02:19
La Policía Nacional ha identificado ya a dos jóvenes que supuestamente se habrían encargado de iniciar la distribución del enlace desde que el que se podía acceder a las fotos íntimas de decenas de menores avilesinas. Los chicos acudieron ayer a la Comisaría ... de la Policía Nacional a prestar declaración en calidad de investigados y asistidos por letrados.
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La Fiscalía de Menores está coordinando la investigación policial, que ya ha dado frutos en pocas horas, mientras de forma paralela siguen interponiéndose denuncias en la comisaría. Tanto ayer como hoy fueron días muy intensos de recogida de declaraciones a las jóvenes y a sus familias, que abarrotaron la sede policial tanto por la mañana como por la tarde. La primera denuncia se interpuso ya la semana pasada. En cuanto comenzaron a divulgarse de forma generalizada las fotografías, la madre de una de las víctimas acudió a la Policía Nacional para poner los hechos en su conocimiento. La mayoría, en cambio, lo están haciendo unos días más tarde, en cuanto las familias van teniendo conocimiento de lo ocurrido, y asesorados también por los centros educativos en los que se encuentran las chicas afectadas, que son un importante número de colegios e institutos de toda la comarca.
La investigación corre a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), de la Policía Nacional, a la que prestan asistencia otras unidades del cuerpo como la especializada en delitos informáticos y tecnológicos. En el caso de las denuncias registradas en la Guardia Civil, ya que también hay afectadas de otros concejos que se encuentran bajo la jurisdicción de este cuerpo, ambos organismos comparten la información.
La actividad está siendo muy intensa estos días para los agentes, dado al alto volumen de víctimas, que superan el medio centenar. Hasta 55 carpetas de archivos con fotografías de chicas, algunas de ellas muy jóvenes, en situaciones privadas y mostrándose semidesnudas en muchas de ellas.
Las fotografías, sin embargo, hacía ya más tiempo que habían comenzado a correr de móvil en móvil, aunque de manera más restringida. Según ha podido saber este periódico, las imágenes fueron enviadas por ellas mismas a otras personas, en muchas ocasiones parejas más o menos estables o ligues, pero en otras simplemente a amigos o conocidos. A partir de ahí, los destinatarios comenzaron a compartir las fotos con terceras personas, y así fueron extendiéndose cada vez más.
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El verdadero problema comenzó a darse a finales de la semana pasada, debido a que uno de los receptores optó por recopilarlas, clasificarlas y distribuirlas en carpetas, con los nombres o 'nicks' de las chicas. Se agruparon y se comprimieron a través de la aplicación Mega, que genera un enlace que luego se difundió por varias vías, sobre todo a través de WhatsApp e Instagram, de una forma muy rápida. Así, muchos jóvenes de la comarca e incluso más allá, tanto de sexo masculino como femenino, recibieron en sus móviles múltiples fotografías íntimas, que las afectadas seguramente nunca habían esperado que se divulgasen de esta forma.
Lo que ha sorprendido a un buen número de docentes y familias ha sido, sobre todo, la facilidad con la que las chicas accedieron a compartir imágenes de esta condición. El objetivo entraba, dentro de muchos casos, en el juego erótico propio de edades cada vez más tempranas, pero en otras ni siquiera se trataba de eso, sino simplemente de «cachondeo». Las chicas enviaban las imágenes a sus amigos simplemente como un juego, aunque el juego, para algunas de ellas, se ha convertido en una pesadilla al viralizarse de ese modo las imágenes.
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Ahora, los jóvenes que difundieron esas imágenes se enfrentan a un delito de revelación de secretos por el que, si fueran adultos, se enfrentarían a una pena de prisión de tres a cinco años, además de a una multa, una pena en la horquilla alta por tratarse de la difusión de contenidos de índole sexual y, además, que afectan a menores de edad. En el caso de que el culpable sea menor, las penas son más laxas, y pueden incluir trabajos en favor de la comunidad en lugar de reclusión.
Los centros educativos en los que hay jóvenes afectadas instan a denunciar y están prestando asesoramiento a las familias después de hablar tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil.
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