El Grupo Industrial Riesgo presenta un recurso contra la intervención judicial

Las alegaciones son, de suyo, incoherentes con el escrito que la propia Alexandra Camacho remitió a los trabajadores de Alu Ibérica después de la intervención, asegurando que la decisión judicial no iba a cambiar nada en la gestión de las plantas.

Sin embargo, en el documento presentado en la Audiencia Nacional, los abogados del Grupo Industrial Riesgo presentan la intervención judicial como un daño a la gestión de la empresa que supera los límites del derecho penal español.

Y es que buena parte de la argumentación se basa en la existencia de una conjuración sindical-mediática en la que también colabora el Gobierno de España en contra del Grupo Industrial Riesgo, a pesar de sus intentos para desarrollar un plan industrial y recuperar la producción de aluminio primario.

El equipo jurídico del Grupo Industrial recuerda a la titular del juzgado que estas medidas generan titulares adversos a la empresa, con la consiguiente repercusión negativa para la compañía y sus directivos.

Además, asegura que la decisión de la jueza carece de fundamentos jurídicos, no se motiva ni se detallan los riesgos que tiene la empresa y los trabajadores si los actuales gestores mantuviesen su libertad de actuación, como sucede hasta ahora.

Más aún cuando se califica de mentiras las informaciones que se han publicado hasta el momento sobre la situación de Alu Ibérica. A saber, se trabaja con normalidad, se invierte en las instalaciones, a pesar de que Alcoa incumple sus compromisos, y todos los trabajadores cobran sus nóminas sin ningún tipo de problema. Aportan además diferentes documentos para justificar sus afirmaciones.

De esta manera, la petición de los abogados del Grupo Industrial Riesgo es clara: no llevar a cabo la intervención judicial.

De forma paralela, durante la mañana de ayer los seis administradores judiciales nombrados en el cuerpo de Interventores Generales del Estado y de la Seguridad Social aceptaron formalmente su cargo, a la espera de que puedan empezar a ejercer sus responsabilidades en las empresas intervenidas.