«El Gobierno de España debe acompañar para que la factoría tenga un proyecto»

En el Pleno ordinario celebrado ayer hubo una clara oportunidad, pero el desencuentro entre el equipo de gobierno socialista y los concejales de Cambia Avilés bloqueó el acuerdo. La confluencia de Podemos e Izquierda Unida presentó una moción instando al Gobierno central a intervenir las plantas a través de la SEPI «como vía para el mantenimiento de la producción y el empleo» en la planta aluminera.

La sorpresa fue que el PSOE presentó otra moción similar por la vía de urgencia, pero en la que matizaba la intervención. En este caso, el portavoz socialista, Manuel Campa puntualizó que su texto pretende apoyar que se adopten «cuantas medidas sean necesarias, incluida la intervención pública temporal, para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo».

Tras un receso de varios minutos para que los grupos pudiesen analizar la propuesta, Cambia Avilés decidió no apoyar la declaración institucional alegando diferencias en algunos matices. «Cambia Avilés buscaba el consenso y, por ello, la moción no plantea un horizonte temporal para esa intervención; con ese texto, podría ser temporal y breve a la espera de un inversor serio y solvente, o prolongada en el tiempo. Se trata únicamente de darle continuidad a la empresa en este momento, cuando el fin de la cobertura de Alcoa se acerca», explicó Primitivo Abella, desde cuyo grupo rechazan que en el texto del PSOE «se plantee un acompañamiento y se de por hecho la posterior venta a un inversor privado».

Tras un acalorado intercambio de pareceres, la única solución fue someter ambas mociones a la votación del Pleno. La de Cambia Avilés fue rechazada con los votos en contra del PSOE, el voto a favor del PP y las abstenciones de Ciudadanos y Vox. La de los socialistas fue ratificada con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox; y la abstención de Cambia Avilés. Lo que finalmente se propone es que «el Gobierno de España debe acompañar a la administración judicial para que la factoría avilesina disponga de un proyecto industrial real, serio y sostenido en el tiempo, que garantice el mantenimiento de la actividad y el empleo en la factoría avilesina».