La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el conductor del accidente mortal de autobús de Avilés

El fiscal sostiene que conducía pese a que no debía hacerlo por cuestiones de salud, un hecho que habría ocultado a la empresa Alsa. Recuerda que el conductor manifestó que «había padecido una pérdida de consciencia y agarrotameinto muscular, producto de una crisis epiléptica que le había impedido controlar el autobús y evitar la colisión».

Padecía epilepsia desde 2015, y que había estado de baja laboral desde el 14 de febrero de ese año hasta el 10 del mismo mes del año siguiente, bajo seguimiento del departamento de Neurología del HUCA. A pesar de ello, el escrito defiende que «el acusado no aceptaba el diagnóstico de epilepsia por las consecuencia que ello podría acarrear para su actividad laboral».

En el momento en el que ocurrió el accidente, seguía tomando fármacos antiepilépticos para controlar la enfermedad «y estaba advertido de que esa medicación podía afectar a su capacidad en la conducción». No cumplía los requisitos para trabajar porque no había estado libre de crisis y fármacos en los últimos cinco años. «lo cual es incompatible con la conducción de autobuses, y así se lo habían explicado los profesionales sanitarios que le atendían en el HUCA». El fiscal sostiene también que «esas circunstancias no eran conocidas por la empresa» ya que el acusado no se las había comunicado.

En aquel autobús que en septiembre de 2018 cohcó contra una pilastra de la AI-81 viajaban 19 pasajeros, de los que cinco fallecieron en el acto, tres hombres y dos mujeres. Los otros catorce resultaron heridos. El conductor resultó también herido de gravedad, sufriendo amputaciones. Ahora se le acusa de cinco delitos de homicidio imprudente y otros doce de lesiones por imprudencia grave también.

Además de la pena de cárcel e inhabilitación, la Fiscalía solicita que el acusado, como responsable civil directo, indemice a los afectados que no han manifestado expresamente su renuncia con cantidades que alcanzan los 674.000 euros. Como responsable solidaria figura la compañía de seguros Allianz, y como responsable civil subsidiaria la empresa Alsa.