El fiscal pide siete años y medio de cárcel para los cinco acusados del boicot a Cohega

Las relaciones entre los distintos socios ya no eran óptimas, pero el conflicto se recrudeció a la muerte del principal accionista de la empresa, Luis García Gutiérrez, en 2016. El también padre del actual propietario, Alberto García Hevia, que es además concejal de Vox en Castrillón, otorgó en testamento a su hijo «todo lo relativo a la participación y derechos de las acciones de la mercantil». Sin embargo, desde el fallecimiento de García Gutiérrez, ocurrido en julio de 2016, hasta que García Hevia pudo tomar formalmente el control de la empresa, en febrero del año siguiente, «los acusados, en ejecución de un plan preconcebido y con perfecta distribución de funciones que cada uno tenía en su ejecución, a la vista de que García Hevia pudiera quedarse con la empresa, realizaron una serie de actuaciones dirigidas a perjudicar gravemente los intereses económicos de la misma».

Ese plan consistió en aprovecharse de la experiencia y la posición en el mercado de Cohega en beneficio de una segunda empresa, Ribodel, propiedad de los acusados, que había nacido a instancias del fundador de Cohega precisamente para complementar a esta, pero que tras el fallecimiento de este cambió su objeto social para pasar a ser su competidora directa.

La Fiscalía relata como dos de los acusados, el primo y el cuñado de García Hevia, «aprovechándose del cargo que desempeñaban» en Cohega, donde ejercían de apoderado y director general respectivamente, «utilizaron los vehículos de la empresa para sacar de la nave entre veinte y treinta moldes que utilizaban en la fabricación de bobinas, elementos esenciales para poder construir las piezas, un inducido eléctrico, una máquina estranguladora y una máquina encintadora de bobina de castigo».

Pero no solo dejaron a Cohega sin maquinaria, sino que también se llevaron los programas informáticos y las bases de datos de gestión de las órdenes de trabajo, mano de obra, albaranes, materiales, cálculo de presupuestos o de gastos. Es decir, dejaron a la empresa sin información esencial para su funcionamiento diario y toda la relativa a clientes, proveedores, concursos y licitaciones. Todo eso se lo llevaron a una nueva nave adquirida poco antes en el polígono de Silvota.

Allí comenzaron a trabajar también los hijos del cuñado de García Hevia, cuya esposa era la apoderada de esta segunda empresa, además de algunos de los trabajadores de Cohega que fueron captados para realizar en Ribodel el mismo trabajo que venían haciendo, de modo que «comenzaron a ser competidores, procediendo a participar en las licitaciones que realizaba la empresa Renfe, consiguiendo su adjudicación en perjuicio de Cohega, que en esos momentos no podía ofrecer las mismas condiciones al carecer de moldes para la fabricación de las bobinas», sin planos y sin apenas información.

La Fiscalía considera que los cinco acusados llevaron con su conducta a «una notoria mejora económica» de Ribodel en perjuicio de Cohega, y además de las penas de prisión solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a García Hevia por las pérdidas económicas ocasionadas, aunque la cantidad aún no ha sido fijada.