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R. D.
Avilés
Lunes, 7 de abril 2025, 14:48
La portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado en rueda de prens que «es ilegal, inaceptable y peligroso» que la ciudad no cuente con un Plan de Emergencia Municipal (PEMU). «No podemos pensar que el servicio más básico para la ciudadanía, que es su protección, no esté cubierto ante cualquier situación», lamenta.
Lo hace después de que durante el pasado pleno municipal, el portavoz socialista y concejal responsable, asumiera que aquel PEMU anunciado en 2016 y aprobado en 2019 «no está actualizado ni en funcionamiento» pese a que la Ley obliga a que las ciudades de más de 20.000 habitantes lo tengan y «Avilés tiene más de 70.000 habitantes».
Llamazares añade que pese a haberlo solicitado durante los últimos cinco años desde el grupo municipal, «Avilés ni tan siquiera tiene una unidad de Protección Civil y, tal como señaló el concejal socialista, la comisión del Plan de Emergencia anunciado hace seis años no está efectivamente creada. No sabemos qué quiere decir con eso, suponemos que en algún documento habrá nombres asignados a esa comisión, pero que ni se ha creado oficial ni formalmente, ni se ha reunido nunca, y, por tanto, no se ha podido actualizar porque no existe».
Avilés y su comarca, expone Llamazares, «cuenta con un gran aeropuerto, una gran industria, un puerto y, con ello, un contexto no exento de riesgos en todo momento, no podemos comprender, de verdad, el atrevimiento de este Ayuntamiento de prever la tranquilidad de que aquí nunca va a suceder nada» y, al final, «cuando vienen las emergencias y desgracias no estamos preparados».
Tanto es así que el hecho de no contar siquiera con una unidad de Protección Civil «genera situaciones como la vivida durante el Duatlón, a donde acudió a prestar apoyo la unidad de Protección Civil de Mieres. Es lamentable y debería provocarles sonrojo a nuestros gobernantes municipales que tenga que venir un equipo de una ciudad con mucha menos capacidad económica, menos población, menos inversión y menos dotación presupuestaria a todos los niveles». Sin embargo, «lejos de provocarles sonrojo lo que nos dicen es que solucionamos bien la pandemia», afea la edil.
«El Gobierno de Avilés no gobierna, hace campañas de publicidad y marketing. Porque cabe recordar que cuando la aprobación plenaria de este PEMU se anunció se hizo con grandes titulares. Pero fue sólo eso, un anuncio que no llegó a nada más, ni se constituyó, ni se cumple, ni se está preparado en Avilés para asumir una situación de emergencia», advierte Llamazares.
La situación «es grave y es preocupante porque lo que está en juego es la seguridad de todos los ciudadanos de Avilés y ahora también de todos los que nos visitan a través del aeropuerto de Asturias», subraya.
Lo dice la edil popular, también diputada nacional, después de que «hace unos días conociéramos la última licitación de AENA en la que deja excluido del servicio de ambulancia al aeropuerto de Asturias». Es por eso que «queremos denunciar la falta de seguridad y atención de nuestra ciudad, de nuestra comarca y de nuestra región».
Por eso «hemos presentado diferentes iniciativas a través de preguntas escritas y orales en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones en esta fase inicial», ha anunciado. Algo que sucede de forma pareja a que «nuestros compañeros en la Junta General del Principado hayan hecho lo propio en el Parlamento regional». Además, «presentaremos una moción como grupo municipal en Avilés en lo que tiene que ver con la aceptación por parte de nuestra comarca de este extremo» para lograr el apoyo del resto de grupos políticos locales «para seguir solicitando al Gobierno de España la atención a esta región».
Tal como recuerda Llamazares, «en 2006 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que sigue plenamente vigente, obligó a restituir el servicio de ambulancia en el aeropuerto en aquel primer intento de excluirlo de ella». «Consideramos que el aeropuerto de Asturias tiene tráfico importante, nacional e internacional, y no entendemos a qué se debe esta exclusión porque está claro que no responde a criterios técnicos, es una decisión política».
«El contrato en cuestión tiene un valor estimado de 51,6 millones de euros y una duración de tres años con prórroga de dos. Hay 15 aeropuertos incluidos con tres lotes: el primero en Canarias (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Norte y Tenerife Sur); el lote dos que abarca varias provincias del Mediterráneo (Alicante, Barcelona, Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca y Valencia) y el lote tres que es Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela y Sevilla. Consideramos que esto es un agravio comparativo y una incoherencia absoluta con el documento de regulación aeroportuaria, el DORA (2022-2026) que habla de la cohesión territorial, de la movilidad y de la necesidad de la atención a emergencias», evidencia.
Y es que no hay, según indica Llamazares, «un criterio de tráfico o riesgo que justifique esta exclusión porque, de hecho, nos hemos encontrado que hay aeropuertos que tienen una menor intensidad de la que tiene Asturias».
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