El Consejo de Ministros resolverá la polémica sobre el dragado del canal de entrada a la ría de Avilés

Como se sabe, las características del Puerto de Avilés obligan a un dragado periódico del canal de entrada. Un mantenimiento costoso que se intenta economizar con diferentes medidas. Por ejemplo, su licitación se viene realizando de manera conjunta con el puerto de Santander para reducir los costes.

La obra requiere periódicamente superar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite que siempre se había abordado con correcciones de la administración central hasta el pasado julio.

Este año, la última DIA del Ministerio de Transición Ecológica fija una serie de condiciones que elevarían el coste en unos tres millones anuales. Junto a ellos, algunas de las condiciones, como la obligación de solicitar otra DIA para las extracciones de arena que se debe reponer en la bahía de Salinas, incrementaba la complejidad de tramitar el dragado.

En esta situación, desde la Autoridad Portuaria se abordó con el Ministerio de Transición Ecológica la situación, argumentando la necesidad de modificar los aspectos más lesivos para el puerto. Finalmente, el pasado 20 de agosto, la Autoridad Portuaria presentaba ante la Dirección General de Biodiversidad un escrito en el que detallaba su discrepancia.

De esta manera, los gestores del puerto avilesino abrían la puerta para que desde la administración central se limasen los aspectos más ariscos de la declaración. El Puerto nunca ha ocultado su voluntad de aplicar las medidas de corrección medioambiental, pero respecto al dragado, no sobre la conservación de la arena en Salinas y las dunas de San Juan, que es lo que viene a plantear la administración central.

El pasado tres de octubre, la Dirección General de Biodiversidad cerraba la puerta a una solución pactada y rechazaba el escrito enviado desde Avilés. En esta situación, la Autoridad Portuaria sólo tenía dos opciones: abrir un Contencioso, que retrasaría la solución varios años, o plantear una discrepancia ante el Consejo de Ministros. La ventaja es que esta opción se puede resolver en un par de meses, aunque el inconveniente es que se trata de un instrumento que hiere sensibilidades en el Ministerio de Transición Ecológica.

Ayer, el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, defendía la medida ya que «la DIA plantea medidas desproporcionadas y reclamamos una ponderación y que se trasladen las competencias de vigilancia de la playa y las dunas a las entidades responsables».

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, apoyaba ayer la resolución de la Autoridad Portuaria, aunque en el pasado había expresado su respaldo a la declaración. «Como alcaldesa de Castrillón me interesa tanto el buen funcionamiento del puerto como el cuidado de Salinas y las dunas. La discrepancia supondrá que se aclarará la responsabilidad de la conservación de la arena en la bahía y es algo que nos interesa», aseguró.

Triguero expresó su confianza en que la resolución del Consejo de Ministros fije la responsabilidad de la Demarcación de Costas y del Principado, además de establecer «criterios sostenibles para que el puerto pueda hacer el dragado que necesita en el canal de entrada».