La demolición de las baterías de cok de Avilés se pondrá en marcha la próxima semana

Según fuentes del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) consultadas por este periódico, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la UTE Lezama-Los Álamos. De esta forma se pone fin a la vía administrativa y se levanta la suspensión del procedimiento que existía hasta la fecha.

En la resolución dictada por parte del tribunal, se ha analizado la justificación de la baja realizada por parte de la UTE adjudicataria Erri Berri-Afesa, y se concluye que la misma resulta correcta, a la vista del análisis realizado por parte del órgano de contratación.

La primera consecuencia de esa decisión será, según las mismas fuentes, que la próxima semana se iniciarán los trabajos de ejecución del «contrato mixto de los trabajos de redacción del proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de cok en Avilés».

Con el rechazo del recurso presentado se abre el periodo para el inicio inmediato de los trabajos, lo que permitirá llevar a cabo la ejecución de la demolición del ámbito en un plazo estimado de dieciocho meses. Por tanto, el suelo liberado comenzaría a estar disponible para su urbanización al final del verano de 2023.

A partir de la próxima semana, tendrán lugar las primeras visitas al ámbito y reuniones de trabajo, y, según las estimaciones, en la segunda quincena de febrero comenzaría la retirada de materiales. Erri Berri tiene un mes para presentar el proyecto de demolición, pero para la retirada de materiales, que corresponde a la 'fase 0', no es necesario que tengan presentado el documento, ya que se irá haciendo de forma paralela.

La oferta de la UTE formada por Erri-Berri y Afesa propuso ejecutar los trabajos de derribo de las baterías de cok por importe de 12,7 millones de euros sin el IVA. De esa cantidad, Sepides sólo tendría que desembolsar 2,85 millones, más los impuestos –en total, 3,45 millones–, puesto que estas empresas defienden que de la demolición de las baterías sacarían 9,85 millones de la venta de la chatarra.

En su justificación de la oferta presentada a la baja, objeto del recurso de Lezama-Los Álamos, la UTE Erri Berri-Afesa expuso que los precios de los residuos de valor positivo –chatarra, plomo, aluminio– han sufrido un incremento muy significativo en relación a los contemplados en el pliego redactado en 2020. En este aspecto, el informe de valoración de los criterios de la licitación entendió que dicho concepto está «razonablemente justificado y el riesgo ante una hipotética bajada de precios en el mercado estaría suficientemente mitigado o, dicho de otro modo, existe cierto margen ante una hipotética bajada de precios».

Además, Erri Berri-Afesa identificó una cantidad de material adicional al contemplado en los pliegos, basándose en su experiencia, que podría ser susceptible de tener un valor positivo, lo cual incrementaría el margen de lo previsto en el pliego.