El Consejo de Ministros resolverá el conflicto entre el Puerto y el ministerio sobre el dragado de la ría de Avilés

La negociación entre el Puerto de Avilés y el Ministerio de Transición Económica sobre el estudio de impacto ambiental del dragado del canal de entrada a la ría ha fracasado. Así lo ha certificado esta mañana el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés, que ha aprobado la elevación al Consejo de Ministros para la resolución de la discrepancia con las competencias que el ministerio obliga a asumir sobre la playa de Salinas y los sistemas de dunas.

El Puerto de Avilés estaba dispuesto a negociar las modificaciones técnicas que plantea la Dirección General de Biodiversidad para afrontar los dragados del canal de entrada de la ría, pero no está en condiciones de aceptar la imposición de nuevas competencias sobre la vigilancia y mantenimiento de la arena de la playa de Salinas y los sistemas dunares. Esa responsabilidad que quiere establecer el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica podría poner en peligro la viabilidad futura del propio puerto y la rentabilidad comercial de importantes inversiones acometidas en los últimos años para aumentar los calados y captar nuevos tráficos.

No solo podrían quedar sin efecto las obras ya realizadas, sino que se daría la circunstancia de que un incremento de competencias a la fuerza o de costes de estudios, vigilancia y regeneración de arena en Salinas también comprometería proyectos como la ampliación del dique en la bocana de la ría, que entre otras funciones tendría precisamente la de ayudar a la estabilidad de la playa.

La Autoridad Portuaria no ve problema en negociar por la vía de la modificación todos aquellos aspectos técnicos que tengan que ver con el dragado del canal de entrada de la ría. Es decir, si hay una pérdida de arena en la playa, se analizaría la situación junto a la Demarcación de Costas para hacer una aportación de arena complementaria a la que fuese necesaria, o participar en los posibles costes. Pero eso es muy distinto a que recaiga sobre el Puerto la responsabilidad de hacer estudios permanentes de la situación de la playa de Salinas, además de los sistemas dunares, de buscar posibles bancos de arena y de realizar los correspondientes aportes.

Desde el Puerto se entiende el compromiso medioambiental que debe acompañar labores como las de dragado de la ría en un entorno de parajes protegidos, pero las nuevas obligaciones de la Dirección General de Biodiversidad «nos obligarían a asumir que todos los problemas de la playa en el futuro sean responsabilidad nuestra».

Además, resulta «incomprensible» para los dirigentes de la Autoridad Portuaria que el organismo estatal considere indisolubles las dos opciones que plantea en su rechazo a las alegaciones. Es decir, para negociar aspectos técnicos del dragado del canal de entrada a la ría por la vía de la modificación el Puerto tendría que renunciar a la vía de la discrepancia, algo que no se ve claro desde el punto de vista jurídico.

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado la concesión de un préstamo a largo plazo a favor de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) por importe de 789.342,49 euros, «con el fin de contribuir, junto con la Autoridad Portuaria de Gijón, a que dicha mercantil pueda atender el pago de diversas obligaciones». También se ha aprobado la novación de las condiciones de los préstamos a corto plazo otorgados a ZALIA en virtud del acuerdo del consejo del Puerto de enero, junio y septiembre de este año, por importe total de 402.892,49 euros, que quedarán incluidos en el préstamo a largo plazo.

Además, se ha aprobado el desembolso de 386.540 euros a favor de ZALIA en el momento en el que se formalice la operación de préstamo a largo plazo.