El Principado mediará con la SEPI en el conflicto del antiguo economato de Llaranes

Fue Podemos el que llevó el tema al Pleno de la Junta General del Principado de Asturias y el que logró que el consejero pasara de una respuesta protocolaria a un compromiso expreso. En un primer momento, Isaac Pola aseguró que la administración regional no tenía «conocimiento oficial» de un conflicto con origen «más mercantil y contractual que de carácter laboral» más allá de «informaciones dispersas y de prensa».

En este escenario, el consejero afirmó que, cuando fuera «habilitada» su intervención, «naturalmente pondremos a disposición del colectivo nuestros servicios dependientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la propia Dirección General de Trabajo, el servicio de resolución extrajudicial de conflictos y de la comisión consultiva de convenios colectivos». Hasta entonces, Pola se mostró partidario de dejar actuar a los sindicatos, a quienes «no pretendemos en modo alguno sustituir ni suplantar en su papel legítimo».

El diputado Enrique López Hernández ahondó en su pregunta y, tras recordar brevemente el recorrido de la instalación y reconocer que efectivamente podía ser un problema mercantil, señaló sus posibles consecuencias laborales para exigir un movimiento del Gobierno regional. «Creemos oportuno que su gobierno intervenga, no cuando se le habilite, sino motu proprio, que hablen con la SEPI (...) y le pidan que se actúe para garantizar el empleo y la instalación porque es lo que quiere el barrio y las trabajadoras», indicó.

López Hernández subrayó que la renovación del alquiler a supermercados El Árbol es una «demanda social, vecinal y también política y el Gobierno de Asturias debería ayudar a buscar una solución más justa».

Reivindicó un gobierno activo con capacidad para intervenir, no «un ente amorfo» y puso como ejemplo el conflicto laboral de Madison ante Liberbank, «en el que no fuimos capaces de estar a la altura». «Sobre la cabeza de los trabajadores pende una espada de Damocles», advirtió.

El consejero de Empleo compartió entonces su «preocupación» y se mostró «sensible» a un conflicto del que solo tenía referencia «por vía indirecta y no por parte del colectivo ni de la empresa». Aún así, se comprometió a ponerse en contacto «con la empresa titular del inmueble, si bien no podemos garantizar el resultado de la gestión porque la decisión última es de la SEPI». Avanzó que lo enfocarían como un problema mercantil-contractual, y «trataremos de habilitar una solución a este respecto».