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Agustín Medina, concejal de Bienestar Social, reconocía el pasado fin de semana en una entrevista con este periódico que la vivienda es «el mayor problema» que tiene Avilés. No es exclusivo de la ciudad ni es su único problema, pero sí se está revelando ... como el de mayor entidad por la repercusión que tiene sobre las economias familiares. El uso y disfrute de una vivienda se lleva una gran parte de unos ingresos que, en el caso de los más exiguos, acaban abocando a esa persona o familia a reducir otras partidas o directamente a pedir ayuda. Eso es lo que han detectado las principales entidades sociales que trabajan en Avilés y que coinciden en un diagnóstico cuya columna vertebral es la dificultad de acceder y pagar una vivienda.
Tanto Cáritas como Cruz Roja y la Fraternidad de Francisco han comprobado en este 2024 que da sus últimos coletazos un aumento del número de usuarios y el denominador común es el comentado. Los pagos a los que hay que hacer frente para mantener un hogar, comenzando por el alquiler o la hipoteca. Y que tiene una derivada porque, según señala Agustín Albuerne, de la Fraternidad de Francisco, «esto también provoca condiciones de infravivienda». Los altos alquileres llevan a situaciones de hacinamiento o subarrendamientos.
Desde Cáritas confirman estas impresiones porque la vivienda es «escasa y con elevados precios, lo que obliga a que algunas familias recurran a vivir en habitaciones de alquiler». Cruz Roja le pone números y a lo largo de 2024 han tenido que realizar 232 prestaciones económicas a familias con dificultades para acceder a ella y al pago de los suministros de luz y calefacción. Esto por lo que respecta a Cruz Roja porque la concejalía ha tenido que aumentar hasta los 650.000 euros una partida de ayuda al pago del alquiler que inicialmente estaba fijada en 430.000 euros.
En la Fraternidad de Francisco alertan sobre otras prácticas que asfixian la economía de personas con bajos ingresos como son la «mercantilización del empadronamiento y de los trámites de asilo en Extranjería». Aunque son gestiones gratuitas, muchas personas, sobre todo migrantes, no saben a dónde dirigirse y puede ser el propio casero o el que hace las veces, en caso de subarriendos, los que les realice esta gestión que además van a necesitar para tener tarjeta sanitaria o cobrar algún tipo de prestación. Igualmente con los trámites en Extranjería, para los que, según denuncia la Fraternidad, es imposible que a un particular le den cita. «La aplicación está colapsada, incluso a ONG como ACCEM les cuesta conseguir cita», aseguran.
A esta dificultad de acceso a la vivienda se añade el incremento de los costes de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación anual estimada del IPC en noviembre de 2024 fue del 2,4%, lo que supone un aumento de seis décimas en su tasa anual, ya que en el mes de octubre esta variación fue del 1,8%. Están más caros los alimentos, la energía o la ropa. Está más caro todo, pero los sueldos se mantienen. De ahí que Cáritas constante un aumento de las familias que han necesitado ayuda para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de Cruz Roja, fueron 128 los vales de alimentos que entregaron y la Fraternidad de Francisco, que entrega diariamente desayunos, comidas y cenas, aseguran que «lo observamos día a día, que lejos de bajar, como podríamos esperar por la mejora de las prestaciones sociales, estas necesidades suben».
Se da, además, una paradoja. Muchas familias han solicitado el salario social y el Ingreso Mínimo Vital, una duplicidad penalizada. La administración les exigen, por tanto, la devolución de esos cobros indebidos pero el dinero ha volado porque la necesidad era acuciante, por lo tanto ahora «muchas personas acumulan deudas que no solo van a ser muy difíciles de pagar sino que les van a impedir ser perceptores de otras ayudas públicas más adelante.
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