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El sindicato Usipa asegura que «los asesores están usurpando funciones de los empleados públicos»El gobierno de Avilés ha vuelto a toparse con un problema judicial por la contratación de asesores y cargos de confianza tras la sentencia ... , desvelada ayer por LA VOZ DE AVILÉS, que anula la creación de los puestos de dos de los siete asesores del gobierno municipal: el coordinador de Festejos y la asesora de órganos de gobierno y comunicación, dos plazas creadas en este mandato y que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo ha considerado que «son contrarias a derecho», lo mismo que algunas de la funciones que habían sido atribuidas a la coordinadora del área de Promoción Social. El juez ha fallado en contra del Ayuntamiento por considerar que no se justificó adecuadamente la necesidad de crear estos puestos. Sin embargo, el sindicato demandante, Usipa, considera que el problema de base es que «los asesores están usurpando funciones de los trabajadores públicos».
Así lo defiende José Iván Iglesias Colón, secretario general del sindicato en Avilés, que asegura que «vamos a ir hasta el final». Usipa ha presentado un recurso por considerar que las irregularidades no sólo afectan a estos tres puestos, sino a todos los cargos de confianza del gobierno municipal, cuyos puestos tienen aparejada una ficha de funciones que, de acuerdo a su criterio, iría más allá de las labores «estrictas de confianza y especial asesoramiento» que la normativa les tiene encomendadas.
Jefatura de gabinete Puesto ya existe en mandatos anteriores.
Dirección Financiera y de Empresas Participadas Puesto ya existe en mandatos anteriores.
Dirección de Comunicación Puesto ya existe en mandatos anteriores.
Coordinación de Promoción Social Creado en el mandato pasado
Asesor/a de órganos de Gobierno y Comunicación De nueva creación por transformación del puesto de coordinador de promoción de ciudad.
Coordinación de Festejos Creado en el presente mandato.
Coordinación de Cultura Creado en este mandato.
El fallo judicial rechaza anular o modificar las fichas de funciones de otros cargos de confianza que también habían sido demandados, como el de jefe de gabinete, el director del área económico-financiera y la directora de comunicación, por entender que, al haber sido ya aprobadas en el mandato anterior y no haber sido recurridas «en tiempo y forma», ya son «firmes y consentidas».
Sin embargo, tanto los representantes de Usipa como Jorge Juan Manrique, miembro independiente del comité de empresa, consideran que estas fichas sí pueden ser recurridas por estar vigentes, motivo por el cual no han visto satisfechas todas sus aspiraciones y han presentado un recurso que aún está pendiente de resolverse. Entienden que buena parte de estas funciones que se les atribuyen a los distintos cargos de confianza del gobierno municipal «no son propias de asesores», un problema que ya ocurrió con el puesto de gerente de la mancomunidad Comarca Avilés, que también fue anulado.
«Nosotros defendemos a los trabajadores», sostiene Iglesias. Y es que se ha generado un conflicto precisamente por estas funciones atribuidas a los cargos de confianza. «Muchos trabajadores no tienen claro si uno de estos asesores puede darles órdenes, y también crea confusión entre los proveedores», explican. Sobre todo, alertan de que «no pueden meterse en contrataciones ni validar facturas», porque para eso «existe la figura del responsable del contrato, que es un funcionario», como recuerda Rubén Arias, de Usipa, que cree que «las cosas deben quedar claras».
Al margen de estos seis puestos de confianza que eran objeto de debate en el proceso judicial, existe en el Ayuntamiento de Avilés un séptimo cargo de asesor, el de coordinador de Cultura. Creado en el mandato anterior, sólo se ocupó brevemente y se recuperó en este mandato, pero no al inicio del mismo, como sucedió con el de Festejos y el asesor de órganos de gobierno y comunicación, sino unos meses más tarde. Mientras los seis primeros fueron aprobados por el Pleno en julio de 2023, este último se introdujo en noviembre de ese mismo año. Sobre él ha presentado Usipa una segunda demanda que aún está pendiente de que se fije una fecha para el juicio.
Se hizo entonces una modificación de la Relación de Puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, ligada a los presupuestos, que ya fue muy criticada entonces por el Partido Popular. En la práctica, se amplió el número de asesores con un puesto que ahora vuelve a estar en entredicho.
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